El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que tiene a cargo el control de 40 mil kilómetros de rutas nacionales, con una planta de 5.500 trabajadores.
El hombre fuerte del gobierno libertario argumentó que el Estado no puede tener a cargo instituciones de este tipo, dado que –según sus palabras- son proclives a generar actos de corrupción.
Adorni afirmó que el primer mandatario nacional ya estampó la firma, y la medida será publicada mañana en el Boletín Oficial.
“La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, lanzó sin dar mayores explicaciones.
Además del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, el presidente también les pasó la motosierra a otros organismos como la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia de Seguridad Vial.
La primera en salir al cruce fue la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, quien hizo responsables al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, remarcó la dirigente sindical.
