La masacre en Río de Janeiro se convirtió en la operación policial más sangrienta de la historia de Brasil. Lo que comenzó como una acción planificada para detener a líderes del Comando Vermelho terminó en un escenario de guerra urbana con 132 muertos, entre ellos cuatro agentes. La cifra fue confirmada por la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, que acompaña la identificación de los cuerpos y la asistencia a las familias.
En las favelas de la Penha y del Alemão, epicentro del operativo, vecinos salieron a buscar a sus familiares desaparecidos y apilaron decenas de cadáveres en una plaza. La imagen recorrió el mundo: cuerpos alineados bajo el sol, ante la mirada impotente de la comunidad.
El plan: una operación rápida para frenar al Comando Vermelho
La llamada “Operación Contención” fue impulsada por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, como parte de una estrategia para frenar el avance del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más antiguas y violentas de Brasil. La investigación, liderada por la División de Represión de Narcóticos (DRE), había durado más de un año y culminó con la emisión de 51 órdenes de arresto contra integrantes del grupo, entre ellos su líder en libertad, Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”.
El plan era simple en el papel: desplegar 2.500 policías —incluidos agentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE)— para ejecutar las órdenes en los complejos de favelas del Alemão y de la Penha. La intervención debía completarse en pocas horas, con puntos de control previamente definidos y un retiro programado antes del mediodía.
Sin embargo, lo que debía ser una operación de precisión terminó desbordándose en cuestión de minutos.
El error de cálculo: un enemigo con poder militar
Al ingresar a las favelas, los agentes fueron recibidos con una respuesta armada que superó cualquier previsión. Los miembros del Comando Vermelho utilizaron rifles de guerra, bloquearon calles y llegaron incluso a emplear drones cargados con granadas.
En pocas horas, las calles se transformaron en trincheras: vehículos incendiados, barricadas improvisadas y tiroteos ininterrumpidos que duraron más de 12 horas.
La reacción criminal tomó por sorpresa a los mandos policiales, que no esperaban una ofensiva coordinada de tal magnitud. Fuentes de seguridad citadas por medios brasileños reconocieron que el operativo “no contempló escenarios de resistencia prolongada”.
Los bloqueos se extendieron hasta las principales avenidas de la zona norte de Río, interrumpiendo más de un centenar de líneas de autobuses y provocando el cierre de escuelas, comercios y centros de salud.
Lo que debía ser una intervención táctica se convirtió en una batalla campal que paralizó a más de 200 mil residentes.
La masacre: cifras que superan cualquier antecedente
El saldo final del operativo dejó 132 muertos, según la Defensoría Pública. El Gobierno estadual mantiene una cifra menor —58 fallecidos confirmados—, aunque el propio gobernador Castro admitió que el número “seguramente cambiará”.
Entre las víctimas hay cuatro agentes de las fuerzas de seguridad: dos policías y dos integrantes del BOPE.
Los cadáveres recuperados por los vecinos, todos hombres jóvenes, fueron trasladados por sus familias hasta una plaza en la Penha, donde permanecieron tendidos en el suelo. La escena, documentada por agencias internacionales, ilustra la magnitud del desastre.
Además, se reportaron 81 detenidos, 93 fusiles confiscados y la incautación de media tonelada de drogas. Pero el principal objetivo del operativo —capturar a “Doca”, líder del Comando Vermelho— no fue alcanzado.
“Fue una operación desastrosa”, describió el periodista Lucas Rocha, corresponsal en Río, en declaraciones a C5N. “No hubo planificación adecuada ni una evaluación de riesgos. Lo que debía ser un golpe al crimen organizado terminó exponiendo el colapso de la estrategia de seguridad del gobierno estadual”.
Por qué salió mal: política, improvisación y falta de inteligencia
Analistas locales coinciden en que la masacre en Río de Janeiro fue consecuencia directa de una combinación de errores tácticos, presiones políticas y subestimación del enemigo.
El operativo, según fuentes citadas por O Globo, fue decidido de forma apresurada tras presiones del entorno político del gobernador Castro, del Partido Liberal, alineado con Jair Bolsonaro. La intención habría sido mostrar “resultados contundentes” en materia de seguridad para impulsar su futura candidatura al Senado.
La inteligencia previa tampoco fue suficiente. Aunque se contaba con información sobre los refugios del Comando Vermelho, los accesos a los complejos de favelas no fueron asegurados con anticipación, lo que permitió la reacción violenta de los criminales.
A eso se sumó la falta de coordinación entre las distintas fuerzas involucradas. Los equipos del BOPE y de la Policía Civil operaron con canales de comunicación distintos, lo que generó confusión en el terreno y retrasó la evacuación de los heridos.
Un saldo que reabre el debate sobre la violencia estatal
La masacre en Río de Janeiro no solo dejó una cifra récord de muertos; también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal en las favelas.
La Defensoría Pública anunció que reunirá testimonios y presentará un informe ante el Ministerio Público para investigar posibles abusos y ejecuciones extrajudiciales.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, señalaron que “la guerra contra el narcotráfico no puede justificar la eliminación masiva de vidas en zonas pobres”.
Mientras tanto, la ciudad intenta volver a la normalidad. Sin embargo, la mayoría de los comercios y escuelas de los barrios afectados sigue cerrada, y los vecinos temen nuevos operativos.
Las familias de las víctimas reclaman justicia y una respuesta clara del Estado sobre lo ocurrido. “No eran todos delincuentes”, denunció una mujer en la Penha. “Eran nuestros hijos”.
Un operativo que marca un antes y un después
Con 132 muertos, la operación supera con creces las intervenciones más violentas del pasado: la de Jacarezinho en 2021 (28 muertos) y la de la Penha en 2022 (23 muertos).
El Comando Vermelho, por su parte, demostró un nivel de organización y poder de fuego inédito, consolidando su control territorial y su capacidad de enfrentarse al Estado.
La tragedia deja una lección amarga para Río de Janeiro: la violencia no se resuelve con más violencia, y el precio de las operaciones mal planificadas recae, una vez más, sobre los más pobres.
Más sobre la «masacre en Río de Janeiro»
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/police-brutality/
https://lv18.com.ar/guerra-al-narcotrafico-en-brasil-64-muertos/
