Dos personas murieron el martes tras un nuevo ataque ejecutado por Estados Unidos contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la operación a través de su cuenta oficial en la red social X, donde compartió imágenes del impacto del misil sobre la embarcación.
Según el funcionario, el ataque fue ordenado por el presidente Donald Trump y llevado a cabo por el Departamento de Defensa. Hegseth aseguró que la lancha pertenecía a una organización “designada como terrorista”, aunque no se revelaron las identidades de las víctimas ni pruebas sobre la carga que transportaban.
Ya son 66 las víctimas fatales en 17 ofensivas
Desde inicios de septiembre, Estados Unidos ha realizado 17 operaciones similares contra embarcaciones sospechosas en el Pacífico oriental, cerca de las costas de Venezuela y Colombia. Con el ataque más reciente, la cifra de víctimas mortales asciende a 66.
Las autoridades estadounidenses no reportaron bajas propias ni daños materiales en la ofensiva más reciente. “El objetivo es proteger la patria y eliminar cualquier amenaza que intente introducir drogas en nuestro territorio”, afirmó Hegseth.
Tensión creciente en la región
La serie de ataques ha provocado un aumento en la tensión diplomática con varios países latinoamericanos. Gobiernos de la región expresaron preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos avance hacia una intervención militar directa.
Hace apenas unas semanas, la Casa Blanca desplegó el portaaviones nuclear USS Gerald Ford, acompañado por una decena de buques y más de diez mil soldados. Analistas advierten que el movimiento militar podría ser la antesala de una escalada mayor en la zona.
Riesgo de conflicto con Venezuela y Colombia
La acumulación de fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico ha generado alarma en Caracas y Bogotá. Autoridades de ambos países denunciaron una “amenaza directa” a su soberanía y pidieron la intervención de organismos internacionales para frenar las acciones de Washington.
Mientras tanto, en Estados Unidos, sectores políticos justifican las operaciones como parte de la lucha contra el narcotráfico y la defensa nacional. Sin embargo, organismos de derechos humanos cuestionan la legalidad de los ataques extrajudiciales y la falta de transparencia en la identificación de las víctimas.
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