El senador Francisco Paoltroni confirmó que el Gobierno llevará a sesiones extraordinarias una reforma profunda de la Ley de Glaciares. La iniciativa avanza con la presión del sector minero y con el respaldo del presidente Javier Milei, quien plantea que la norma frena inversiones. El oficialismo estudia incluso su derogación total, lo que dejaría sin protección legal a las principales reservas de agua sólida del país.
Paoltroni, productor ganadero y senador por Formosa, apoyó abiertamente la propuesta y calificó la ley como “nefasta”, pese a que su función central es resguardar glaciares y ambientes asociados que sostienen el suministro de agua de numerosas provincias cordilleranas. El legislador anunció su regreso al bloque de La Libertad Avanza bajo la conducción de Patricia Bullrich.
Un paquete de reformas que incluye recortes y flexibilización
El senador adelantó que el Gobierno buscará avanzar no solo sobre la Ley de Glaciares, sino también en el Presupuesto 2026 y una reforma laboral. Planteó que el objetivo es reducir el riesgo país y habilitar más financiamiento. Sin embargo, la modificación o eliminación de la norma ambiental aparece como la pieza más sensible del paquete, ya que abre la puerta a la megaminería en zonas donde hoy se restringe por el impacto sobre el agua.
La discusión se instala en un contexto donde la presión por habilitar proyectos mineros crece, sobre todo en territorios donde el recurso hídrico es escaso y depende casi por completo del deshielo.
Científicos alertan por el retroceso ambiental y la falta de datos actualizados
Especialistas del Ianigla advirtieron que sería riesgoso modificar la Ley de Glaciares sin contar con información científica actualizada. Lucas Ruiz, investigador del Conicet, recordó que el inventario nacional no se actualiza desde 2018 porque la comunidad científica fue desfinanciada. Señaló que decidir sin datos es preparar el terreno para errores que pueden comprometer recursos irrecuperables.
Ruiz remarcó que los glaciares no son una abstracción. Son la base del agua que alimenta a provincias como Mendoza, San Juan o Catamarca. Su pérdida o degradación afecta riego, consumo humano y producción. También cuestionó la lógica de “todo o nada” planteada por el Gobierno, que empuja a una falsa elección entre desarrollo y protección ambiental: “Sin un ambiente sano no hay desarrollo sostenible”, insistió.
Qué protege la Ley de Glaciares y por qué está en el centro del conflicto
La Ley de Glaciares protege glaciares descubiertos, glaciares de escombros y reservas de agua en estado sólido. No prohíbe toda actividad en la zona periglaciar, pero sí impide cualquier proyecto que modifique o dañe esas reservas. Cambiar esa definición permitiría la instalación de emprendimientos mineros en áreas de alto valor hídrico.
El Gobierno busca “acotar” la zona periglacial para habilitar proyectos como Cerro Amarillo o Pachón. Para Ruiz y otros especialistas, el riesgo es evidente: sin controles, sin organismos activos y sin datos actualizados, cualquier redefinición puede exponer a las provincias a un impacto permanente sobre su principal fuente de agua.
Milei defiende la reforma mientras crece la tensión con provincias y expertos
Milei sostiene que la reforma de la Ley de Glaciares devolvería autonomía a las provincias para definir sus áreas protegidas. También afirmó que la iniciativa surgió en Mendoza, aunque desde la Casa de Gobierno provincial lo negaron. El discurso presidencial culpa a los ambientalistas por frenar inversiones, pero omite que los glaciares son reservas estratégicas en un escenario de crisis climática.
El avance del Gobierno abre un conflicto político y ambiental que promete un debate intenso en el Congreso. La discusión vuelve a exponer el dilema central: hasta dónde se puede avanzar en actividades extractivas sin comprometer un recurso vital para millones de personas.
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