La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional, pero el festejo oficialista duró poco. En una votación ajustada, la oposición logró rechazar el capítulo que buscaba derogar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, dos leyes que el Ejecutivo ya había intentado dejar sin efecto en otras oportunidades.
La sesión comenzó cerca de las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada. Si bien el oficialismo consiguió aprobar el proyecto en general, el capítulo 11 se convirtió en el eje del conflicto. Allí se concentraban las derogaciones más cuestionadas, junto con la eliminación de actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones familiares.
Finalmente, ese capítulo fue rechazado por 123 votos negativos contra 117 afirmativos, con dos abstenciones. La derrota dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para avanzar con su agenda de ajuste en áreas sensibles.
Un ajuste aprobado, pero con límites
El Presupuesto 2026 plantea un esquema que profundiza el ajuste fiscal, con beneficios concentrados en los sectores de mayores ingresos y un mayor impacto sobre los sectores más vulnerables. A pesar de ello, el oficialismo logró el acompañamiento necesario para su aprobación en general, tras intensas negociaciones con gobernadores y bloques aliados.
Sin embargo, esos acuerdos no alcanzaron para blindar el capítulo más resistido del proyecto.
El capítulo 11, el núcleo del conflicto
El intento de derogar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad fue el principal punto de choque. Se trata de dos normas que el Congreso ya había sancionado, que el presidente Javier Milei vetó y que luego fueron ratificadas por ambas cámaras con mayoría agravada.
Con este nuevo revés, el Gobierno acumula su tercera derrota parlamentaria en menos de seis meses en relación a estas leyes.
Gobernadores y aliados que cambiaron su voto
Pese a las promesas de reparto de Aportes del Tesoro Nacional y otras concesiones, algunos legisladores clave se desmarcaron del oficialismo. La catamarqueña Fernanda Ávila votó en contra del capítulo 11, al igual que diputados de Tucumán y Salta pertenecientes a bloques que hasta ahora acompañaban al Gobierno.
Estas decisiones resultaron determinantes para inclinar la balanza.
Una maniobra de último momento que no funcionó
En el tramo final de la sesión, el oficialismo intentó evitar el rechazo incorporando dos medidas de peso: una adecuación de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo presupuestario de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial.
La maniobra fue duramente cuestionada por la oposición. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció un intento de condicionar al Poder Judicial para evitar una eventual judicialización del capítulo.
Advertencias por posibles inconstitucionalidades
Durante el debate, varios diputados advirtieron que el artículo en cuestión violaba la Ley de Administración Financiera. Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés señalaron que el presupuesto no puede incluir disposiciones permanentes ni derogar leyes vigentes, tal como establece el artículo 20 de la ley 24.156.
El tema, aseguraron, podría terminar en los tribunales si avanzaba.
El rol de las abstenciones y el festejo opositor
Las abstenciones de los radicales Juan Manuel Cipolini y Martín Schneider resultaron decisivas. Desde la oposición celebraron el resultado como una victoria política. La diputada Cecilia Moreau sostuvo que el oficialismo intentó “maniobras extorsivas” para imponer la derogación de las leyes, pero no lo logró.
Cruces internos y reproches finales
Sobre el cierre, el diputado Cristian Ritondo lanzó una acusación enigmática al señalar que el Gobierno habría negociado cargos en la Auditoría General de la Nación. Con la caída del capítulo completo, el PRO también perdió el compromiso oficial de avanzar con el pago de la deuda por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
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