Tras el revés que sufrió el oficialismo en la Cámara de Diputados, referentes del sector de la discapacidad volvieron a cuestionar con dureza la política de ajuste del Gobierno nacional. El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, advirtió que la búsqueda del “déficit cero” se está sosteniendo a costa de recortes en prestaciones básicas, como tratamientos, rehabilitación y medicamentos.
La oposición logró frenar el intento del oficialismo de avanzar con la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, incluida en el artículo 11 del Presupuesto 2026. Para Molero, esa maniobra dejó al descubierto una estrategia clara del Ejecutivo: ajustar sobre uno de los sectores más vulnerables.
“El Gobierno no tiene interés real en las personas con discapacidad. Ahora intentan instalar que hay exageraciones tanto en la cantidad de personas como en la atención que reciben, para justificar el recorte”, sostuvo el sacerdote, y remarcó que ese discurso encuentra respaldo en parte de la opinión pública.
El presupuesto como herramienta de ajuste
Molero señaló que el intento de eliminar la emergencia a través del Presupuesto fue una señal directa del rumbo elegido por la gestión libertaria. “Quisieron que la variable para alcanzar el déficit cero fueran las personas con discapacidad. Que paguen su salud, su educación y su desarrollo para que el país salga adelante según la lógica del presidente Javier Milei”, afirmó.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso, luego vetada por el Presidente y, más tarde, ese veto fue rechazado nuevamente por el Parlamento. Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación, lo que derivó en un fallo judicial que ordenó implementarla. Frente a esa decisión, el Ejecutivo optó por apelar.
Críticas a la postura del Gobierno
El coordinador del Foro también cuestionó las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien aseguró ante el Senado que el Estado se hará cargo del sector “cuando la Argentina esté un poco mejor”.
“Eso es falso. Cuando un Gobierno no destina recursos a un área es porque no le interesa. Los problemas urgentes se atienden de inmediato, con las herramientas disponibles”, respondió Molero.
La ley en cuestión declara la emergencia del sistema de atención a las personas con discapacidad y busca garantizar la continuidad de prestaciones esenciales, como tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, transporte, educación y el funcionamiento de instituciones, en un contexto marcado por el atraso de aranceles y el desfinanciamiento.
Noticias falsas y confusión social
Luego de que fracasara el intento de derogar la ley, Molero alertó sobre la reaparición de versiones oficiales que hablan de supuestos certificados de discapacidad activos correspondientes a personas fallecidas. Según esos datos, se trataría de 178 mil casos.
“El mensaje es engañoso. Tener un certificado de discapacidad no significa cobrar una pensión. Se instala una cifra grande para que la sociedad piense que hay un curro”, explicó.
Esa narrativa, advirtió, genera confusión incluso dentro de las propias familias. “Muchos creen que no puede haber tantas personas con discapacidad en el país, cuando en realidad el porcentaje es menor al de otros países. Un padre me confesó que había comprado el discurso oficial”, relató.
Un ajuste selectivo
Molero también apuntó contra lo que definió como un ajuste selectivo. “Hay dinero para comprar aviones, aumentar fondos a la SIDE o bajar impuestos. Para discapacidad no hay nada, y nadie da explicaciones. Por eso quienes representamos al sector tenemos que salir a aclarar lo que está pasando”, sostuvo.
El impacto en la vida cotidiana
Finalmente, alertó sobre las consecuencias concretas del recorte. “El déficit cero lo van a pagar personas que no van a recibir rehabilitación ni medicamentos. Un chico que espera dos años para ser atendido no puede aguardar a que el país esté mejor. Si espera ese tiempo, el daño es irreversible”, concluyó.
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