A cinco años de la sanción de la Ley del Aborto, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina atraviesa un escenario complejo. Aunque la normativa continúa vigente y es de cumplimiento obligatorio en todo el país, especialistas y organizaciones feministas advierten sobre un progresivo vaciamiento del Estado que pone en riesgo su implementación efectiva.
El 30 de diciembre de 2020, tras más de una década de movilización feminista, el Senado aprobó la legalización y despenalización del aborto con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. La vigilia de la marea verde, que colmó las calles y plazas del país, celebró una conquista histórica: el derecho a decidir sobre los propios cuerpos y a transitar maternidades deseadas.
La ley comenzó a aplicarse en enero de 2021. Sin embargo, cinco años después, la realidad es distinta. Los recortes presupuestarios, la falta de insumos y la ausencia de datos oficiales vuelven a profundizar desigualdades que la norma buscó revertir.
La Ley del Aborto sigue vigente, pero con menos recursos
Gio Eiriz, articulante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de Buenos Aires, explicó que la normativa no perdió validez legal, pero sí respaldo estatal.
“Es una ley de orden público, muy sólida, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El problema actual es el desfinanciamiento y el vaciamiento de las políticas públicas, especialmente desde la asunción de Javier Milei”, señaló.
Según la referente, el mayor riesgo es el faltante de medicación esencial para garantizar tanto la IVE como la ILE, lo que dificulta el acceso en el sistema público de salud.
Desigualdad territorial y rol clave de las provincias
Ante la retracción del Estado nacional, el cumplimiento de la Ley del Aborto queda en manos de los gobiernos provinciales. Esto implica que cada jurisdicción deba asegurar partidas presupuestarias propias para la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos indicados hasta la semana 12 de gestación.
Además, la ley establece que las personas gestantes deben recibir información clara, asesoramiento médico, asistencia y contención durante todo el proceso.
Eiriz advirtió que la desigualdad en la implementación no es nueva, pero se profundizó. “Hay provincias que se declaran abiertamente provida o antiderechos. En esos lugares, el acceso depende casi exclusivamente de redes feministas y organizaciones sociales”, afirmó.
Norte y litoral, las zonas más comprometidas
Las provincias del norte argentino y del litoral aparecen como las más afectadas. Allí se registran obstáculos como la falta de medicamentos, el uso indebido de la objeción de conciencia, información errónea y situaciones de maltrato hacia mujeres y personas gestantes que consultan por un aborto.
Frente a este panorama, la Campaña Nacional refuerza las redes de acompañamiento para brindar información y apoyo. “No buscamos reemplazar al Estado, sino sostener a quienes creen que la ley ya no existe”, explicó Eiriz.
Sin datos oficiales sobre abortos desde 2023
Otro punto crítico es la falta de información pública. Desde 2023, el Estado dejó de publicar estadísticas oficiales sobre la cantidad de abortos realizados en el sistema de salud.
El último informe del Ministerio de Salud indicó que entre 2021 y 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros y que los centros de salud que garantizan la práctica aumentaron un 118%. Estos datos evidenciaban una reducción en la mortalidad materna por abortos inseguros.
Sin embargo, desde entonces no se produjeron nuevos reportes. Tampoco se actualizó el informe ImplementAR, lo que impide evaluar la evolución de la Ley del Aborto entre 2023 y 2025.
Menos anticonceptivos y más barreras
La falta de transparencia se suma a una fuerte caída en la compra y distribución de insumos. Entre 2023 y 2024, la entrega de métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emergencia y test de embarazo se redujo un 81%.
Amnistía Internacional informó haber recibido más de 400 denuncias por barreras en el acceso al aborto, principalmente por la ausencia de información clara y precisa.
¿Puede derogarse la Ley del Aborto?
En el actual contexto político, la pregunta sobre una posible marcha atrás vuelve a aparecer. Aunque el Gobierno se manifestó en reiteradas ocasiones contra los derechos sexuales y reproductivos, hasta el momento no avanzó con una derogación concreta.
“Creemos que no lo hace porque sabe que hay un movimiento fuerte dispuesto a defender la ley. No implementarla también es ilegal, y ahí está el conflicto actual”, sostuvo Eiriz.
Argentina sigue siendo uno de los pocos países de América Latina con aborto legal. Para las organizaciones feministas, el desafío es sostener lo conquistado y evitar retrocesos. “No podemos dar ni un paso atrás”, concluyó.
Información relacionada
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27610-346231
https://lv18.com.ar/la-marcha-de-niunamenos-los-feminismos-en-resistencia/
