La causa judicial contra los presuntos responsables de Magis TV, señalada como la mayor red ilegal de IPTV en Latinoamérica, avanza hacia una etapa decisiva. Cuatro personas están imputadas por la distribución y comercialización de servicios audiovisuales ilegales, un delito previsto en la Ley de Propiedad Intelectual que contempla penas de hasta seis años de prisión según el Código Penal argentino.
La investigación se inició en 2024 en el marco de la denominada Operación 404, un operativo internacional encabezado por Brasil con el objetivo de desarticular redes de piratería audiovisual en la región. En Argentina, la causa quedó a cargo de la Unidad Especializada en Ciberdelitos (UFEIC), dirigida por el fiscal Alejandro Musso, quien ya había intervenido en expedientes de alto perfil como Pelota Libre y Fútbol Libre.
Durante el desarrollo de la investigación se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a la venta de dispositivos precargados con aplicaciones ilegales. En esos procedimientos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y otros equipos electrónicos considerados relevantes para la causa.
El expediente derivó en un fallo considerado inédito: el juez Esteban Rossignoli, titular del Juzgado N.º 4 de San Isidro, ordenó el bloqueo total de los dominios de Magis TV y exigió a Google la adopción de medidas técnicas para eliminar la aplicación de dispositivos Android con direcciones IP ubicadas en Argentina. La resolución fue celebrada por organismos internacionales y por LALIGA, una de las principales afectadas, cuyo presidente, Javier Tebas, destacó la decisión como un ejemplo a nivel mundial en la lucha contra la piratería.
En el marco del mismo operativo, también se dispuso la inhabilitación de plataformas como Mospy TV y Federico TV, además del bloqueo de 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales.
Por su parte, el abogado defensor de los imputados, Fernando Madeo Facente, confirmó que la causa se inició en 2024 y destacó que se tramita ante la misma fiscalía que investigó casos emblemáticos de IPTV ilegal, en los que también actuó como defensor. En diálogo con Doble Amarilla, señaló que durante el último año se realizaron secuestros de dispositivos y documentación digital, aunque aclaró que las imputaciones aún no están completamente definidas.
Según explicó el letrado, todavía no está determinado si la investigación apunta exclusivamente a los creadores de la plataforma o también a quienes se encargaban de su comercialización. Asimismo, sostuvo que, si bien la causa avanzará hacia un juicio, la defensa confía en alcanzar una probation que permita evitar condenas de prisión efectiva. Remarcó además que los imputados no fueron detenidos y que el objetivo es cerrar el proceso mediante una salida alternativa, como ocurrió en otros expedientes similares.
De este modo, el caso Magis TV se consolida como uno de los procesos judiciales más relevantes en la lucha contra la piratería audiovisual en la región, con un impacto que trasciende el ámbito local y sienta un precedente a nivel internacional.
