El fondo que ganó el juicio YPF por la expropiación de la petrolera solicitó a la jueza Loretta Preska sanciones contra el país, alegando demoras en la entrega de información. Desde la Procuración del Tesoro aseguran que se cumplió con el proceso y acusan a los demandantes de intentar desestabilizar la recuperación económica.
El conflicto legal por la nacionalización de YPF en 2012 sumó un nuevo y tenso capítulo en los tribunales de Nueva York. Los fondos demandantes, liderados por Burford Capital, realizaron una presentación formal ante la jueza Loretta Preska solicitando que la República Argentina sea declarada en desacato. El pedido incluye la aplicación de multas coercitivas que podrían alcanzar el millón de dólares diarios mientras persista el presunto incumplimiento.
La decisión se produce en el marco del litigio por la expropiación de YPF en 2012, que derivó en pagar u$s 16.000 millones en primer término.
La avanzada de Burford se sustenta en acusaciones sobre supuestas demoras y falta de cooperación del Estado argentino en la etapa de discovery (recolección de pruebas). Según los demandantes, el país ha incumplido órdenes judiciales previas, específicamente en lo que respecta a la entrega de comunicaciones (correos electrónicos y mensajes de WhatsApp) de funcionarios actuales y de la gestión anterior.
El objetivo de los fondos es recolectar pruebas que respalden su tesis del «alter ego». Con esto buscan demostrar que entidades como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas operan como una extensión directa del Estado, lo que permitiría ejecutar embargos sobre activos de dichas instituciones para cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares.
La respuesta oficial en el juicio YPF: «Hostigamiento procesal»
La reacción del Gobierno argentino no se hizo esperar. A través de la Procuración del Tesoro, la defensa nacional calificó la moción como un «intento de hostigamiento» y una maniobra para forzar una negociación en términos desfavorables para el país.
Fuentes oficiales detallaron que la Argentina ha cumplido «plena y ampliamente» con los requerimientos, habiendo entregado ya más de 113.000 páginas de documentos y facilitados testimonios de diversos funcionarios. Respecto a los mensajes privados solicitados, la defensa sostiene que el Estado no tiene «posesión ni control» sobre cuentas personales de funcionarios, amparándose además en la protección de la privacidad que rige en la legislación local.
Cronograma y consecuencias
La jueza Preska ya ha establecido un calendario para tratar este incidente:
- 19 de febrero: Es la fecha límite para que la Argentina presente formalmente su descargo y defensa ante el pedido de desacato.
- Marzo/Abril: Se espera que la justicia neoyorquina emita una resolución sobre si aplica o no las sanciones.
Este nuevo frente de batalla ocurre mientras el país aguarda el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde la Argentina busca revertir o reducir el monto de la sentencia original. En el ámbito económico, analistas advierten que una declaración de desacato en Wall Street podría complicar los planes del Gobierno para reingresar a los mercados internacionales de crédito, justo cuando se busca consolidar la confianza de los inversores.
Por el momento, la estrategia argentina se mantiene firme en los tribunales: cumplir con las órdenes dentro del marco legal vigente y denunciar lo que consideran una «escalada de presión» por parte de los denominados fondos buitre.
Más información sobre el juicio YPF:
https://lv18.com.ar/ypf-embargo-en-sus-acciones/
