En un verano marcado por tensiones políticas y definiciones institucionales clave, San Rafael atraviesa semanas decisivas de cara a las elecciones del próximo 22 de febrero, cuando los vecinos están convocados a elegir concejales y convencionales constituyentes municipales.
En ese contexto, una presentación judicial del exdiputado nacional José Luis Ramón, solicitando la suspensión de la elección de convencionales, encendió el debate público y generó incertidumbre política.
Para llevar claridad sobre el tema, el abogado y candidato a concejal Francisco Perdigués tomó la palabra, y defendió con firmeza el proceso en marcha, remarcando que la iniciativa de avanzar hacia una Carta Orgánica Municipal es legal, constitucional y responde a una necesidad histórica del departamento.
Perdigués no es un actor menor en esta discusión. Además de ser candidato a concejal, es uno de los principales impulsores de la autonomía municipal de San Rafael, un proceso que busca dotar al departamento de una norma fundamental propia que regule su organización institucional, política, económica y administrativa, tal como lo reconoce la Constitución Nacional en su artículo 123.
Durante una extensa entrevista radial en LV18, el dirigente explicó que, hasta el momento, el municipio no ha sido notificado formalmente por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobre la presentación de Ramón. “Formalmente no tenemos nada. No hay ninguna notificación de la Justicia”, aclaró, y señaló que solo ingresó un reclamo administrativo sin representación acreditada.
El núcleo del conflicto gira en torno al planteo de Ramón, quien sostiene que para avanzar con la autonomía municipal San Rafael debería cumplir los mismos requisitos que para modificar la Constitución provincial, incluyendo mayorías especiales y un plebiscito previo. Para Perdigués, esa interpretación es incorrecta. “Confunde el poder constituyente originario con el derivado”, explicó, al tiempo que remarcó que dictar una Carta Orgánica Municipal no implica modificar la Constitución provincial, sino ejercer un derecho ya reconocido.
“El municipio no está reformando la Constitución de Mendoza. Está ejerciendo su autonomía institucional, algo que ya sucede en lo político, administrativo, económico y financiero”, sostuvo. En ese sentido, recordó que muchas decisiones municipales —como presupuestos, tasas o normativas internas— se toman por mayoría simple, sin necesidad de plebiscitos ni mayorías agravadas.
Otro de los puntos que Perdigués cuestionó fue la solicitud de una medida cautelar para suspender las elecciones. Según explicó, el pedido incurre en una “identidad de objeto”, ya que pretende frenar el acto eleccionario mediante una cautelar cuyo contenido coincide con el fondo de la demanda. “La Corte tiene numerosos fallos rechazando este tipo de planteos”, aseguró, y consideró “muy poco probable” que prospere una suspensión electoral, algo inédito en más de 30 años de democracia.
Más allá de lo jurídico, Perdigués dejó entrever un fuerte componente político en la discusión. “Esto no es solo una cuestión legal, hay una incomodidad del poder central frente a la posibilidad de que los municipios piensen, deliberen y decidan”, afirmó. Incluso sostuvo que el planteo de Ramón coincide con posturas previas del Gobierno provincial, que se manifestó en contra de la autonomía municipal.
Respecto a las acusaciones de que San Rafael busca “independizarse” de Mendoza, el candidato fue tajante: “Eso es una locura. La Constitución es clara: una provincia solo puede crearse con aprobación de la Legislatura provincial y del Congreso Nacional. Nadie está planteando eso”.
La propuesta de Perdigués y del espacio que impulsa la autonomía apunta a fortalecer la democracia local, agilizar decisiones y dar mayor previsibilidad jurídica a políticas públicas vinculadas al desarrollo urbano, servicios, tasas, derechos sociales y organización institucional. “No es para hacer lo que se quiera. Es para tener reglas claras, propias, pensadas por y para los sanrafaelinos”, sostuvo.
Mientras tanto, el municipio avanza con la organización del acto electoral previsto para el 22 de febrero, con ambas elecciones en pie. “Salvo una orden judicial expresa, vamos a seguir adelante. Estamos convencidos de que es lo mejor para San Rafael”, concluyó Perdigués.
En un escenario donde la autonomía municipal vuelve al centro del debate, la definición quedará ahora en manos de la Justicia. Pero, más allá del fallo, la discusión ya dejó en claro que San Rafael volvió a poner sobre la mesa una vieja deuda del federalismo argentino.
