El Gobierno nacional presentó un pedido formal ante la Justicia de Estados Unidos para suspender el proceso de búsqueda de activos embargables en el marco del juicio por YPF. La solicitud fue elevada ante la jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito de Nueva York, y apunta a frenar tanto el discovery como la moción de desacato impulsada por los demandantes.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que advirtió que el mecanismo judicial está siendo utilizado de manera abusiva y con efectos que exceden el objeto original del litigio. Según el planteo oficial, los requerimientos de información se volvieron excesivos y afectan directamente la soberanía argentina y las relaciones diplomáticas del país.
Pedido ante la Justicia de Nueva York
En el escrito elevado al tribunal, el Estado argentino sostuvo que los beneficiarios del fallo avanzaron con solicitudes de información que calificó como “intrusivas y desproporcionadas”. Para la Procuración, estas acciones constituyen un hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y vulneran principios básicos del derecho internacional.
El pedido incluye la suspensión del discovery, una etapa procesal que permite a los demandantes solicitar datos con el fin de identificar bienes que podrían ser embargados para ejecutar la sentencia.
Cuestionamientos al uso del discovery
Desde el Gobierno señalaron que el proceso de discovery se desnaturalizó y dejó de ser una herramienta razonable de investigación judicial. Afirmaron que, lejos de limitarse a la ejecución del fallo, se transformó en un mecanismo de presión que interfiere con el funcionamiento normal del Estado argentino.
En ese sentido, remarcaron que los pedidos actuales se alejan cada vez más del núcleo del juicio por YPF.
Cumplimiento del Estado argentino
La Procuración recordó que, a diferencia de períodos anteriores en los que la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, desde diciembre de 2023 el país cumplió de forma íntegra con todas las obligaciones impuestas por el tribunal estadounidense.
Según el planteo oficial, el Estado realizó un esfuerzo excepcional para entregar información, aportando un volumen de documentación calificado como inédito en este tipo de procesos.
Reclamos sobre activos del Banco Central
Uno de los puntos centrales de la presentación apunta a los pedidos vinculados a las reservas de oro del Banco Central. El Gobierno sostuvo que esos activos pertenecen a la autoridad monetaria y están protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que no pueden ser embargados ni sometidos a requerimientos judiciales.
En ese marco, se cuestionó el rol de Burford Capital, al que se acusa de intensificar la presión judicial mediante nuevas solicitudes de información y una moción de desacato.
Impacto en la economía y advertencia oficial
El escrito presentado ante la jueza Preska también menciona que los propios demandantes manifestaron su intención de obstaculizar la recuperación económica del país. Para el Estado argentino, este accionar confirma que el proceso se utiliza con fines que exceden lo jurídico.
Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender la soberanía nacional, el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos y contrarios a la Constitución y al derecho internacional.
