Luego de una orden judicial y tras haber paralizado su implementación por falta de presupuesto, el Gobierno nacional reglamentó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2026. La medida llega con retraso y en medio de cuestionamientos por el desfinanciamiento previo.
La reglamentación de la emergencia en discapacidad
El Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La decisión pone en marcha una norma sancionada por el Congreso en julio del año pasado, que había permanecido sin aplicación efectiva durante meses.
La ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Sin embargo, tras su aprobación parlamentaria, el Poder Ejecutivo había paralizado su implementación argumentando falta de previsión presupuestaria, lo que dejó sin respuestas a miles de personas que dependen de prestaciones y apoyos estatales.
El fallo judicial que obligó al Gobierno a actuar
La falta de aplicación de la norma fue judicializada y en diciembre el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el artículo del decreto que frenaba la ley. En su fallo, ordenó la implementación inmediata y advirtió que el condicionamiento presupuestario chocaba con obligaciones constitucionales y tratados internacionales vigentes.
El magistrado también alertó sobre el riesgo concreto de interrupción de tratamientos esenciales para personas con discapacidad, un punto central que fue retomado por organizaciones del sector durante todo el proceso judicial.
Meses de demora y un freno declarado inválido
Pese a que el Gobierno apeló la decisión ante la Cámara Federal de San Martín, el juez habilitó la feria judicial y exigió al Ministerio de Salud que informara qué medidas estaba tomando para cumplir con la ley. La respuesta oficial fue parcial y se limitó a mencionar trámites administrativos en curso, sin plazos ni definiciones claras.
La reglamentación publicada ahora llega para cerrar ese expediente abierto por la inacción oficial, aunque sin que el Ejecutivo asuma responsabilidades por el desfinanciamiento previo ni por los meses en los que la emergencia en discapacidad estuvo formalmente vigente, pero sin efectos reales.
Qué establece el Decreto 84/2026
El decreto reglamentario fija por primera vez reglas operativas concretas para la aplicación de la ley. Entre los puntos centrales, crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad y establece criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades.
También dispone la realización de auditorías periódicas, un mecanismo que ya estaba previsto en la ley pero que hasta ahora no había sido implementado. La normativa busca ordenar el sistema, aunque genera expectativas y dudas sobre su impacto real en el corto plazo.
Cambios en las pensiones no contributivas
Uno de los ejes del decreto es la conversión automática de las pensiones ya otorgadas al nuevo esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Este cambio apunta a unificar criterios y actualizar el régimen vigente.
Además, se establecen condiciones específicas para el acceso y la continuidad del beneficio, lo que será clave para determinar cómo se aplicará la emergencia en discapacidad en cada caso concreto.
El rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad
La Secretaría Nacional de Discapacidad, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud, será la encargada de coordinar la implementación de la ley. Entre sus funciones estará la convocatoria al Consejo Federal para definir criterios socioeconómicos comunes.
El decreto fija un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías, un requisito que la ley establecía desde su sanción y que recién ahora comienza a activarse. Mientras tanto, organizaciones y familias siguen de cerca la aplicación efectiva de una norma que llega tarde, pero que resulta clave para garantizar derechos básicos.
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