Ante el creciente reclamo de vecinos de El Cerrito y Cuadro Nacional, el diputado provincial Gustavo Perret, del cuarto distrito, presentó un pedido de informe dirigido al Gobierno de Mendoza para que brinde precisiones sobre la nueva unidad penitenciaria que se proyecta construir en la zona de Tirasso y Lassa.
La iniciativa surge a partir de la preocupación de los habitantes del lugar por el impacto que podría generar la obra en el entorno inmediato, tanto en materia ambiental como social. El legislador explicó, en diálogo con LV18, que el proyecto apunta a que el Ejecutivo provincial “informe si se están cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley 8.851”, entre ellos la realización de una audiencia pública y la evaluación de servicios esenciales.
“Para este tipo de proyectos es obligatorio verificar si llegan correctamente los servicios básicos como cloacas, alumbrado, transporte y tratamiento de efluentes. Los vecinos nos manifiestan que hoy eso no está garantizado”, sostuvo Perret.
El diputado señaló que la actual colonia penal “ha dejado de funcionar como tal” y que, en la práctica, opera como una unidad penitenciaria, con consecuencias directas para la comunidad. Entre los reclamos, mencionó problemas de inseguridad, deficiencias en el tratamiento de residuos cloacales y olores persistentes por el mal funcionamiento de los lechos percoladores.
“Hay vecinos que relatan situaciones de extrema gravedad, como internos que salen del penal a realizar compras en comercios de la zona. Esto no solo genera temor, sino que demuestra una falta de control alarmante”, afirmó.
Perret también cuestionó que el proyecto avance sin planos presentados ni audiencia pública convocada, a pesar de que ya existe un proceso licitatorio en marcha.
“Estamos ante una decisión tomada a más de 240 kilómetros, sin consultar a quienes viven en el lugar. Eso reviste una gravedad institucional muy grande”, remarcó.
En ese marco, el legislador criticó duramente al Gobierno provincial y a la vicegobernadora Hebe Casado, a quienes acusó de no escuchar los reclamos del sur mendocino.
“Hay funcionarios que dicen representar a San Rafael, pero terminan defendiendo los intereses de un poder central que ignora a los vecinos”, expresó.
Finalmente, Perret recordó que existe una alternativa viable para el desarrollo de una cárcel moderna fuera del ejido urbano.
“Desde 1998 hay una finca de 50 hectáreas en Colonia Elena, pensada para una cárcel modelo, con distintos niveles de seguridad y una granja penal orientada a la reinserción social. Sin embargo, se insiste en invertir en lugares que perjudican a la comunidad”, concluyó.
