Vecinos del distrito El Cerrito avanzan con la presentación de una medida cautelar para frenar o, al menos, obtener precisiones sobre la proyectada ampliación de la Colonia Penal de San Rafael, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno provincial. El reclamo se formalizó tras un encuentro mantenido en el edificio municipal, luego de reiteradas manifestaciones de descontento por parte de la comunidad.
Desde el móvil de LV18, se pudo dialogar con Darío Sibiglia, vecino de El Cerrito, quien explicó que el principal objetivo de la acción legal es que la Provincia brinde información clara y escuche a los habitantes de la zona.
“Hasta el día de hoy no apareció nadie del Gobierno provincial para darnos explicaciones sobre el proyecto”, aseguró.
Sibiglia señaló que el malestar no responde a intereses políticos, sino a preocupaciones concretas vinculadas a la seguridad, el impacto ambiental y la calidad de vida.
“Esto no se está usando políticamente. Nosotros no pertenecemos a ningún espacio; simplemente defendemos nuestro derecho a ser escuchados”, remarcó.
Entre los puntos más sensibles, el vecino mencionó los olores persistentes, presuntamente vinculados a residuos cloacales, y el efecto negativo que la ampliación tendría sobre el desarrollo urbano y el valor de las propiedades.
“Vivir a pocos metros de una cárcel no es lo mismo que hacerlo lejos. Hoy ya es complicado vender o invertir en la zona”, expresó.
Según indicó, los vecinos ya realizaron reuniones, juntaron firmas y mantuvieron contacto con autoridades municipales, por lo que ahora buscan avanzar por la vía judicial. En ese marco, junto al delegado barrial, se presentaron en la Municipalidad de San Rafael para dialogar con el asesor legal Francisco Perdigués y evaluar la viabilidad de la cautelar.
“Queremos que las autoridades provinciales vengan, recorran el lugar y nos expliquen qué se va a hacer realmente. Estamos en nuestro derecho”, concluyó Sibiglia, a la espera de que el reclamo tenga respuesta.
