El Gobierno nacional promulgó el nuevo régimen penal juvenil, una ley que introduce cambios en la responsabilidad penal de adolescentes y fija la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. La normativa combina sanciones judiciales con medidas educativas y de reinserción social, y comenzará a aplicarse plenamente dentro de 180 días.
La ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801, con las firmas de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de los secretarios parlamentarios Agustín Giustinian y Adrián Pagán.
El nuevo régimen penal juvenil reemplaza al sistema vigente desde 1980 y establece un marco actualizado para el tratamiento judicial de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Imputabilidad desde los 14 años
Uno de los cambios centrales de la normativa es que los adolescentes serán penalmente responsables a partir de los 14 años cuando estén acusados de delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.
De esta manera, el nuevo régimen penal juvenil redefine la forma en que el sistema judicial aborda los delitos cometidos por menores de edad.
Fin del régimen vigente desde 1980
La ley deroga el decreto-ley 22.278, que regulaba la responsabilidad penal de menores desde la última dictadura militar.
Con su reemplazo, el Gobierno busca establecer un sistema de justicia juvenil más actualizado, con mayor enfoque en la educación y la reinserción social.
Entrada en vigencia en seis meses
La normativa establece un plazo de 180 días antes de su aplicación plena.
Durante ese período, el sistema judicial y los organismos involucrados deberán adaptar sus estructuras y procedimientos para implementar el nuevo régimen penal juvenil.
Sanciones con enfoque educativo
El nuevo esquema establece que las sanciones deben orientarse a la formación del adolescente, a que comprenda la gravedad del delito cometido y a disminuir el riesgo de reincidencia.
La ley plantea que el proceso penal juvenil debe contemplar la situación personal y social del joven, además de la gravedad del hecho.
Medidas alternativas a la prisión
Entre las sanciones previstas se incluyen diversas medidas no privativas de la libertad.
El sistema contempla servicios comunitarios, programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima y restricciones para asistir a determinados lugares.
Estas alternativas buscan priorizar la reinserción social del adolescente.
La prisión como última instancia
La privación de la libertad se establece como una medida excepcional dentro del nuevo régimen penal juvenil.
En los casos en que sea necesaria, la detención podrá cumplirse en el domicilio del adolescente, en institutos abiertos o en centros especializados.
Además, la ley prohíbe que los menores detenidos sean alojados junto a personas adultas.
Pena máxima de 15 años
El nuevo sistema establece que los menores no podrán recibir prisión perpetua ni reclusión perpetua.
En cambio, fija una pena máxima de 15 años de privación de la libertad para los delitos más graves.
Mediación penal juvenil y probation
La ley incorpora mecanismos para resolver determinados conflictos sin llegar a una condena.
Uno de ellos es la mediación penal juvenil, un proceso voluntario y confidencial que permite alcanzar acuerdos entre la víctima y el adolescente imputado.
También se prevé la suspensión del proceso a prueba (probation) para delitos de menor gravedad, siempre que el joven cumpla condiciones como reparar el daño o realizar tareas comunitarias.
Protección de la identidad de los menores
El nuevo régimen penal juvenil refuerza la reserva del proceso penal.
La normativa prohíbe difundir información que permita identificar a los adolescentes involucrados en causas judiciales.
Además, establece que los centros de detención deberán contar con personal capacitado para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
Al mismo tiempo, invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones al nuevo sistema, mientras que el Poder Ejecutivo nacional deberá coordinar y supervisar su implementación en todo el país.
Más sobre «régimen penal juvenil»
https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/339194/20260309
