El acceso a las viviendas del IPV volvió al centro del debate en Mendoza tras la presentación de un proyecto de ley impulsado por el senador provincial Mauricio Sat. La iniciativa apunta a eliminar privilegios en la adjudicación de casas y garantizar mayor transparencia en el sistema.
La propuesta surge en un contexto de fuerte demanda habitacional y crecientes cuestionamientos por posibles irregularidades en entregas recientes, donde se habrían beneficiado personas vinculadas al poder político.
Una problemática que genera malestar social
El legislador explicó que hoy acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil, especialmente para los sectores más jóvenes. Muchas familias continúan alquilando o viviendo en condiciones precarias, sin poder alcanzar una solución definitiva.
En ese escenario, los casos en los que funcionarios o personas cercanas acceden a viviendas generan un fuerte rechazo social.
“Cuando hay dudas, la política tiene que dar claridad y el ejemplo”, sostuvo.
Qué propone el proyecto sobre viviendas del IPV
La iniciativa establece que no podrán acceder a viviendas del IPV los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, ni tampoco autoridades municipales.
La restricción incluye:
- Gobernador, ministros y funcionarios del Ejecutivo
- Legisladores provinciales
- Intendentes y concejales
- Jueces, fiscales y miembros del Poder Judicial
Además, la prohibición se extiende a familiares directos y a socios comerciales de estos funcionarios, cerrando posibles mecanismos indirectos de acceso.
Registro público y control ciudadano
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un registro público de adjudicatarios. Este listado deberá actualizarse cada tres meses y estar disponible de forma digital.
El objetivo es claro: que cualquier ciudadano pueda verificar quiénes acceden a las viviendas y bajo qué condiciones.
“Lo que no se muestra genera sospechas”, remarcó el senador.
Dos años de restricción tras dejar el cargo
El proyecto también contempla un plazo adicional: los funcionarios deberán esperar dos años desde el fin de su gestión para poder acceder a una vivienda del IPV.
Según el autor de la iniciativa, esto busca evitar maniobras o beneficios obtenidos inmediatamente después de dejar un cargo público.
Casos recientes que impulsaron la iniciativa
La propuesta cobra fuerza tras conocerse situaciones en distintos puntos de la provincia, incluyendo el sur mendocino, donde familiares o allegados a funcionarios habrían sido adjudicatarios.
El propio legislador señaló que recibió múltiples denuncias informales de ciudadanos de distintos departamentos, lo que evidencia que se trata de una problemática extendida.
Una ley que no requiere financiamiento
A diferencia de otras iniciativas, este proyecto no implica costos adicionales para el Estado. Se basa en modificar requisitos y utilizar herramientas ya existentes, como la web oficial del IPV, para publicar la información.
Esto podría facilitar su tratamiento legislativo, siempre que exista voluntad política para avanzar.
La demanda habitacional, en aumento
Más allá del proyecto, el senador advirtió que el déficit habitacional sigue creciendo. Existen familias que llevan entre 15 y 20 años esperando una vivienda, lo que refleja la magnitud del problema.
En ese sentido, planteó la necesidad de una política de Estado más amplia que permita aumentar los recursos destinados al IPV y generar más soluciones habitacionales.
Transparencia como eje central
El espíritu de la iniciativa no apunta a casos individuales, sino a establecer reglas claras hacia adelante. La intención es recuperar la confianza en el sistema y asegurar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan.
