A un año del inicio del debate que derivó en la Ley de Emergencia en Discapacidad, las organizaciones que representan a personas con discapacidad aseguran que la crisis está lejos de resolverse. Aunque la norma fue aprobada tras un complejo recorrido legislativo que incluyó el veto presidencial, la insistencia del Congreso y resoluciones judiciales, denuncian que la falta de presupuesto mantiene paralizada gran parte de su implementación.
La ley fue aprobada, pero las familias siguen esperando
La presidenta de la ONG Familias Genias, Carolina Elwart, describió en LV18 un escenario «muy complejo» para miles de familias.
«La ley fue aprobada y pasó por todas las instancias democráticas, pero sigue sin ejecutarse porque no hay presupuesto. La situación es muy compleja», afirmó.
La organización acompaña a familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades, que diariamente enfrentan demoras en autorizaciones, dificultades para acceder a medicamentos y el riesgo permanente de perder tratamientos fundamentales.
Carolina Elwart afirmó que «la discapacidad no es un gasto, es un derecho».
Prestadores al límite y terapias en riesgo
Elwart explicó que las obras sociales pagan con meses de atraso, mientras la inflación continúa deteriorando el poder adquisitivo de profesionales y transportistas.
«Un terapeuta ocupacional que brinda dos sesiones por semana cobra apenas 100 mil pesos al mes. No tiene el valor real de su trabajo», señaló.
También advirtió que algunos transportistas ya dejaron de realizar recorridos extensos porque los costos del combustible hacen inviable sostener el servicio.
«La discapacidad no es un gasto, es un derecho»
Mientras a nivel nacional más de 220.000 personas continúan esperando una respuesta para acceder a pensiones o beneficios, las familias denuncian que crecieron los amparos judiciales y que muchas obras sociales dificultan cada vez más el acceso a las prestaciones.
«No podemos quedar rehenes de una decisión política. La discapacidad no es un gasto, es un derecho. La salud no puede ser una variable económica», sostuvo Elwart.
La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta diciembre de 2026, estableciendo la protección de las partidas presupuestarias, la agilización del Certificado Único de Discapacidad y medidas para sostener a los prestadores. Sin embargo, las organizaciones advierten que, un año después del inicio de la lucha, el principal reclamo sigue siendo el mismo: que los derechos reconocidos en la ley se transformen en respuestas concretas para quienes los necesitan.
