La decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar con la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento volvió a instalar el debate sobre el rol del Estado en el financiamiento de la producción. Tras oficializarse la medida, el exministro de Hacienda, Marcelo Costa, cuestionó con dureza la iniciativa y aseguró que se trata del «error más grande» cometido por la gestión de Alfredo Cornejo en materia de política productiva durante la última década.
Costa aseguró que el Fondo fue una herramienta clave para el desarrollo
En diálogo con LV18, Costa sostuvo que el organismo financió durante tres décadas más de 26.000 proyectos de emprendedores, productores y empresas mendocinas, muchas de las cuales no lograban acceder al crédito bancario tradicional.
«Fue la herramienta financiera más eficiente que tuvo Mendoza para acompañar el desarrollo productivo», afirmó el exfuncionario, quien además remarcó que el Fondo otorgó más de 2.100 millones de dólares en créditos a lo largo de su historia.

El exministro cuestionó los argumentos oficiales
Costa rechazó la postura del Gobierno provincial, que sostiene que el Estado no debe actuar como prestamista directo sino facilitar el acceso al crédito mediante subsidios de tasa y garantías.
«El Fondo tiene una morosidad menor que la del sistema financiero tradicional», aseguró, al tiempo que consideró que el reciente ingreso de recursos por el resarcimiento de la promoción industrial podría haberse utilizado para recapitalizar el organismo y ampliar las líneas de financiamiento para PyMEs.
Dos modelos enfrentados sobre el desarrollo económico
Mientras el Ejecutivo de Alfredo Cornejo impulsa una reorganización administrativa para concentrar las políticas de financiamiento dentro del Ministerio de Hacienda, Costa advirtió que reemplazar un ente autárquico por una dependencia política implica perder autonomía, patrimonio y capacidad para sostener créditos de largo plazo.
Según el exministro, «este cierre le hará un enorme daño al sistema productivo e industrial de Mendoza», mientras que el Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá una gestión más eficiente de los recursos públicos y una mayor articulación con el sistema financiero privado.





