La licitación de Los Nihuiles quedó nuevamente bajo la lupa luego de las fuertes críticas del ingeniero mendocino Pablo Portuso, analista e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quien cuestionó el mecanismo elegido por Mendoza y Nación para definir el futuro del complejo hidroeléctrico.
Portuso cuestionó la licitación conjunta
En diálogo con LV18, Portuso calificó el proceso como “muy, muy, muy amañado” y sostuvo que la participación conjunta de la Nación no se justificaría para un activo cuya propiedad corresponde a Mendoza.
“La propiedad de la central, por ley, le pertenece a Mendoza”, afirmó.
Según explicó, la Nación tiene competencias vinculadas con la administración técnica de la energía, pero eso no implica necesariamente que deba intervenir en conjunto en la definición del concesionario.
El ingeniero también recordó que la Ley 9630 habilitó una licitación conjunta para los complejos Nihuiles y Diamante, aunque remarcó que allí existía una diferencia sustancial: se trataba de activos con distintos titulares.
Falta de precio base y dudas sobre el estado de las centrales
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de un precio base y a las condiciones técnicas del complejo después del aluvión de 2025.
“No se ha puesto un precio a las acciones. No hay un precio base”, señaló Portuso, quien también planteó interrogantes sobre los seguros y los plazos necesarios para recuperar plenamente el sistema.
A su entender, la combinación de incertidumbres técnicas, económicas y jurídicas obliga a preguntar cuál es la razón de avanzar con tanta rapidez.
Pablo Portuso: el ingeniero mendocino cuestionó en LV18 el mecanismo elegido para licitar Los Nihuiles.
La sospecha sobre un operador y el rol de la Legislatura
Portuso vinculó sus sospechas con el crecimiento de un operador privado que, según indicó, ganó presencia en el sector hidroeléctrico y comenzó a trabajar en la central apenas dos días antes de la toma de posesión por parte de Mendoza.
El especialista pidió que la Legislatura, la Fiscalía de Estado y los organismos de control intervengan para exigir explicaciones.
“La sociedad, a través de sus distintas organizaciones, también tiene que reclamar”, sostuvo.
El debate recién comienza y la eventual concesión, según lo planteado en la entrevista, tendría una duración de 30 años. Para Mendoza, no es una discusión menor: está en juego el futuro de un activo estratégico para la generación eléctrica y la gestión del agua en el Sur provincial.
