El Gobierno argentino anunció que iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Además, intimó al Reino Unido a impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con el proyecto en un plazo de dos semanas.
Malvinas: el reclamo argentino por la explotación petrolera
La decisión del Gobierno apunta a impedir la extracción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, una zona cuya soberanía es objeto de una disputa histórica entre ambos países. Según el Gobierno argentino, las actividades vinculadas al proyecto avanzan sobre recursos de la plataforma continental cuya soberanía reclama Argentina y sostiene que esas actividades contradicen resoluciones de la Asamblea General de la ONU
El Ejecutivo fundamentó su postura en las resoluciones 2065 y 31/49 de las Naciones Unidas, que reconocen la disputa de soberanía y llaman a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación.
El plazo de dos semanas fijado por Argentina
El Gobierno argentino dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para que adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion. Si no obtiene una respuesta favorable, anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El proyecto Sea Lion es desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Ambas compañías anunciaron avances hacia la explotación del yacimiento, mientras Argentina cuestiona las licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.
Argentina también denunció vuelos sin autorización
En paralelo, el Gobierno argentino informó que presentó acciones por presuntos vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas. Esta medida forma parte de una serie de reclamos diplomáticos y administrativos relacionados con las actividades vinculadas al archipiélago.
El Reino Unido mantiene su posición sobre la soberanía de las islas y sostiene el principio de autodeterminación de sus habitantes, una postura que difiere de la reivindicación argentina.
