La decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales generó críticas del legislador provincial y abogado sanrafaelino Germán Gómez, quien cuestionó el criterio adoptado por el máximo tribunal y planteó su preocupación por las posibles consecuencias de la resolución. En una entrevista con LV18, también cuestionó la relación entre la decisión judicial y las políticas del Gobierno nacional.
Germán Gómez cuestionó el fallo de la Corte Suprema
“Es un fallo muy peligroso”, afirmó Gómez al analizar la decisión de la Corte Suprema sobre el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. El legislador sostuvo que el tribunal rechazó la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por considerar que la entidad no tenía legitimación para impulsar la demanda.
La resolución dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional ese artículo. La Corte, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la ley. Su decisión se centró en la falta de legitimación del CECIM para promover la demanda y en la inexistencia de un caso o controversia judicial que habilitara ese planteo.
Para Gómez, esta distinción no modifica su interpretación sobre las consecuencias de la resolución. “Abre una puerta peligrosa a reconocerle una cierta legalidad y legitimidad al decreto 70/23”, expresó durante la entrevista radial.
La extranjerización de tierras y la soberanía nacional
El legislador cuestionó que la soberanía nacional no fuera considerada, en el marco de esa demanda, como un derecho de incidencia colectiva que pudiera ser invocado por la asociación de excombatientes. En ese sentido, respaldó el criterio que había adoptado la Cámara Federal y criticó que la Corte lo revirtiera.
“Esto da esperanza a quienes pretenden vender abiertamente parte de nuestro territorio nacional”, manifestó Gómez, al referirse a su interpretación sobre los posibles efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La Ley 26.737 establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellos un tope del 15% de la superficie rural del territorio nacional en manos extranjeras y restricciones adicionales por titular y nacionalidad. La derogación de esa norma fue dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023.
“La Corte está jugando a favor del Ejecutivo”
Durante la entrevista, el abogado sanrafaelino sostuvo que el fallo representa una señal que, a su entender, favorece al Gobierno nacional y cuestionó la relación entre los poderes del Estado.
“La Corte está jugando fuera y en contra de los intereses de la República Argentina”, afirmó.
Estas expresiones corresponden a la interpretación y valoración política de Gómez sobre la resolución judicial y no forman parte de los fundamentos del fallo de la Corte.
Consultado sobre las posibles vías para revertir la situación, Gómez reconoció que las herramientas institucionales son limitadas y mencionó, entre otras alternativas, los mecanismos de responsabilidad política de los jueces.
La decisión judicial dejó sin efecto el fallo que había impedido la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, por lo que la derogación de la Ley de Tierras Rurales vuelve a quedar vigente. La Corte aclaró que su decisión no implicó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esa derogación.
El fallo reabre así el debate político sobre el régimen de propiedad de tierras rurales y sobre el alcance de las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
