La decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras reavivó el debate por la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. Matías Oberlin, del Observatorio de Tierras, cuestionó el nuevo escenario y advirtió sobre las posibles consecuencias de la derogación de la normativa, además de reclamar que el Congreso analice el DNU 70/2023.
La Corte, el Gobierno y un fallo que vuelve a poner la tierra en debate
La discusión por la propiedad extranjera de tierras rurales sumó un nuevo capítulo y esta vez el foco está puesto en la Corte Suprema. El máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de esa derogación. El tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promover la demanda y que no estaba configurado un caso o controversia judicial que habilitara el análisis de fondo.
Con la decisión, quedó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/2023 y, por lo tanto, la derogación de la Ley 26.737. La discusión sobre la validez constitucional de esa medida, sin embargo, no fue resuelta en esta causa.
En diálogo con LV18, Matías Oberlin, del Observatorio de Tierras, planteó su preocupación por el nuevo escenario: “Se abrió una ventana temporal por la cual la pueden comprar y después es muy difícil revertir”.
El investigador sostuvo que la derogación puede favorecer la adquisición de tierras rurales por parte de grandes grupos económicos y consideró que el Congreso debería intervenir en la discusión.
Tierras, agua y recursos: las preocupaciones planteadas por Oberlin
Oberlin señaló que la discusión no se limita a la propiedad de los campos y manifestó su preocupación por las tierras que cuentan con recursos naturales o tienen importancia estratégica.
“Todos estos fondos de inversión, estos grupos económicos que están esperando repartirse grandes partes de nuestro territorio”, advirtió, al referirse a lo que considera un posible interés de grandes inversores en tierras con reservas de agua, minerales críticos o valor logístico.
El entrevistado también cuestionó la posibilidad de que determinadas operaciones se concreten durante este período y luego resulte difícil modificarlas. Como antecedente, mencionó el caso de Lago Escondido, en Río Negro, donde el acceso público es motivo de una prolongada disputa.
Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras, advirtió en LV18 sobre las consecuencias del fallo de la Corte Suprema.
“Un proyecto colonial”: la crítica de Oberlin al Gobierno
El referente del Observatorio de Tierras apuntó directamente contra la estrategia del Ejecutivo y cuestionó que se intente avanzar con modificaciones a la legislación a través de un DNU, en lugar de una discusión parlamentaria específica.
“Me parece que acá va a quedar demostrado nuevamente que este gobierno tiene un proyecto colonial para con nuestro país”, sostuvo Oberlin, al expresar su interpretación sobre las políticas oficiales en materia de tierras.
Sus cuestionamientos también alcanzaron a la Corte Suprema. Oberlin consideró que el fallo no abordó el planteo de fondo presentado por los excombatientes y cuestionó el criterio adoptado por el tribunal respecto de la legitimación del CECIM.
Sin embargo, el fallo de la Corte estuvo centrado precisamente en esa cuestión procesal: el tribunal concluyó que el CECIM no estaba legitimado para promover la acción y que no existía un caso o controversia judicial que permitiera avanzar sobre la constitucionalidad del DNU.
El DNU 70, una discusión que continúa en el Congreso
Frente a este escenario, Oberlin reclamó que la Cámara de Diputados avance con el tratamiento del DNU 70, que ya había sido rechazado por el Senado.
“La vía más rápida es que caiga inmediatamente el DNU 70”, afirmó, y planteó la necesidad de aumentar la presión social sobre los legisladores.
El dirigente también pidió movilizaciones en todo el país y planteó que, una vez resuelta la discusión sobre el decreto, podría analizarse un eventual juicio político a integrantes de la Corte Suprema.
Estas últimas propuestas corresponden a la posición expresada por Oberlin durante la entrevista y no constituyen decisiones adoptadas por el Congreso ni por otro órgano del Estado.
Mientras tanto, la decisión de la Corte dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737, mientras la discusión sobre el alcance y la constitucionalidad del DNU continúa abierta en el ámbito político y jurídico.
Para Oberlin, el escenario requiere una respuesta política y social: “Como pueblo, lo que nos queda es organizarnos para que caiga”.
