El Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con 71 votos afirmativos. La iniciativa reemplaza el régimen de emergencia vigente y establece un marco permanente para las prestaciones, pensiones y cobertura de salud de las personas con discapacidad.
La aprobación llega en un contexto de fuertes reclamos del sector por las dificultades económicas, las deudas con prestadores y el deterioro de las prestaciones.
Nueva Ley de Discapacidad: qué cambia con la aprobación
Entre los principales puntos, la normativa garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD), establece mecanismos de actualización de las prestaciones y permite compatibilizar una pensión no contributiva con un empleo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También reconoce el acceso a cobertura médica y prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901 para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad.
Otro aspecto importante es el compromiso de cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores. El cronograma de pagos deberá notificarse dentro de los primeros 30 días desde la entrada en vigencia de la ley y contemplar la cancelación total dentro de los 90 días para quienes hayan completado los trámites administrativos.
El financiamiento de la discapacidad, una preocupación para 2027
Aunque la sanción representa un cambio en el marco legal, la disponibilidad de recursos será determinante para que las medidas puedan concretarse.
Durante el debate, la senadora mendocina Mariana Juri advirtió sobre la necesidad de garantizar las partidas presupuestarias. “No nos conformemos con sancionar esta ley, sigamos poniendo nuestros esfuerzos para conseguir que los recursos estén garantizados en el Presupuesto 2027”, reclamó.
La discusión, por lo tanto, no termina con la votación: el desafío será que los derechos reconocidos en la nueva normativa tengan respaldo económico y se traduzcan efectivamente en prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias.





