La discusión por la autonomía de San Rafael volvió al centro de la escena política en Mendoza, en un contexto marcado por avances institucionales, tensiones entre niveles de gobierno y una creciente judicialización del conflicto.
El proceso tomó impulso tras la elección de convencionales constituyentes en el departamento del sur, una decisión que, según distintos actores, aceleró un debate postergado durante más de tres décadas en la provincia.
En diálogo con medios locales, el fiscal de Estado Fernando Simón planteó que la situación actual tiene un componente paradójico: existe acuerdo sobre la necesidad de avanzar hacia la autonomía municipal, pero persisten diferencias sobre cómo y cuándo hacerlo.
Un consenso con tensiones de fondo
Simón destacó que el paso dado por San Rafael fue determinante para reactivar la discusión a nivel provincial. Según explicó, la provincia mantenía una “deuda institucional” desde la reforma constitucional de 1994 en relación con la autonomía de los municipios.
En ese sentido, consideró que el avance local no solo es comprensible, sino que además funcionó como motor para que el Ejecutivo provincial impulsara una enmienda constitucional que establezca un marco general para todos los departamentos.
Sin embargo, el conflicto surge porque ambos niveles del Estado buscan conducir el proceso.
Mientras San Rafael ya avanzó con una elección y pretende continuar, la Provincia propone ordenar el camino mediante una normativa común. “Hay más coincidencias que diferencias, pero cada uno quiere hacerlo a su manera”, sintetizó el fiscal.
El factor tiempo y la discusión legal
Uno de los puntos más sensibles es la temporalidad. Desde San Rafael sostienen que el proceso ya cuenta con legitimidad popular, tras la elección de convencionales, y que cualquier intento de modificar las reglas ahora resulta tardío.
El propio Simón reconoció que la reacción provincial llega “muy tarde”, aunque consideró positivo que finalmente se intente establecer un marco jurídico claro.
En Argentina, la Constitución Nacional habilita la autonomía municipal, pero delega en cada provincia la definición de su alcance. En el caso de Mendoza, el esquema actual es más restrictivo que en otras jurisdicciones, lo que explica parte del conflicto.
Judicialización y rol de la Corte
El desacuerdo ya fue trasladado al ámbito judicial. La Suprema Corte de Mendoza interviene en un conflicto de poderes que, según explicó el fiscal, no se resolverá con una sentencia tradicional, sino mediante una decisión que actúe como arbitraje institucional.
Simón adelantó que se buscará una instancia de diálogo entre las partes para intentar un acuerdo. La clave, señaló, será compatibilizar dos aspectos: el respeto a la voluntad popular expresada en San Rafael y la necesidad de un marco legal provincial.
Recursos, autonomía y reclamos históricos
Detrás del debate institucional aparece un reclamo de larga data: la distribución de recursos.
San Rafael concentra cerca del 15% de la población mendocina, pero dirigentes locales sostienen que recibe menos fondos en proporción. Actualmente, alrededor del 70% de los recursos se centralizan en la administración provincial, lo que genera tensiones con los departamentos más alejados del Gran Mendoza.
La autonomía implicaría mayor control sobre la recaudación, la obra pública y la planificación local, aunque también abre interrogantes sobre su implementación concreta y sus límites legales.
Defectos del proceso y posibles soluciones
Desde la Fiscalía de Estado se señalaron algunos aspectos técnicos del proceso impulsado en San Rafael. Entre ellos, la falta de aprobación por dos tercios en la ordenanza inicial y la ausencia de un plebiscito previo.
Según Simón, uno de esos puntos ya fue subsanado mediante el compromiso de consulta popular, mientras que el otro podría resolverse a través de acuerdos políticos.
Esto refuerza la idea de que el conflicto no es estrictamente jurídico, sino también político.
Un problema de diálogo político
Más allá de lo institucional, el fiscal puso el foco en la falta de diálogo entre las partes. A su entender, el principal déficit actual en Mendoza es la dificultad para construir consensos incluso cuando hay objetivos compartidos.
También advirtió sobre los riesgos de la concentración de poder y la importancia de mantener la apertura al diálogo, especialmente en contextos donde una fuerza política tiene mayoría.
“La clave es no creer que tener los números implica tener la razón”, señaló.
Un debate que excede a San Rafael
El caso de la autonomía de San Rafael podría marcar un precedente para el resto de la provincia.
Si prospera el marco general que impulsa el Ejecutivo, otros municipios podrían avanzar en la redacción de sus propias cartas orgánicas. Esto transformaría el esquema institucional mendocino y redefiniría la relación entre provincia y departamentos.
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