La preocupación por el comercio callejero informal en San Rafael volvió a instalarse en la agenda pública, aunque esta vez el foco no estuvo únicamente en la venta ilegal, sino también en quienes fueron invitados a debatir soluciones y decidieron no asistir. La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria cuestionó la ausencia de representantes de ATM, ARCA, el Juzgado Contravencional y de varios bloques del Concejo Deliberante, organismos considerados fundamentales para avanzar en controles efectivos.
Las ausencias que marcaron la reunión
El gerente de la Cámara, Alejandro Flores, destacó que el encuentro con funcionarios municipales fue positivo, pero lamentó la falta de actores clave. «Se había invitado a todos los concejales, también a autoridades de ATM y de ARCA para participar de la misma», recordó durante una entrevista en LV18.
Desde la entidad consideran que sin esos organismos será difícil atacar el origen del problema. «Necesitamos que ATM y ARCA nos ayuden en estos procedimientos, porque debe haber un proveedor que suministra estos productos para que terminen en la vía pública», sostuvo.
Competencia desleal y preocupación por la seguridad
Flores aclaró que el reclamo «no está en contra del trabajo de las personas», sino de la competencia desleal que afecta a quienes cumplen con todas las obligaciones comerciales.
«Nuestros comerciantes pagan impuestos, alquileres, cargas sociales y afrontan una caída del consumo. Todo esto se transforma en una tormenta perfecta», afirmó.
Además, alertó sobre la comercialización de productos que podrían representar riesgos para los consumidores. «Se venden cascos, matafuegos y kits de seguridad que seguramente no cumplen ninguna norma», advirtió.
Habrá otra reunión en 15 días
Pese a las ausencias, la Cámara confirmó que continuará impulsando encuentros. «Tenemos el compromiso de volver a reunirnos dentro de quince días, sumando a las personas que asistieron más autoridades de ARCA y ATM, para armar una estrategia mejor de control», concluyó Flores.
Mientras tanto, desde la institución insistieron en exigir el cumplimiento de la Ordenanza 10.887, ampliar los controles y garantizar condiciones equitativas para todos los comerciantes del departamento.
