El caso que involucra al exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, vuelve a sacudir al poder provincial. En diálogo con LV18, el periodista Ricardo Nasif, coordinador periodístico y creador de El Otro Diario, cuestionó el avance de la investigación y puso bajo la lupa los vínculos políticos y judiciales del exfuncionario.
Marcelo D’Agostino está imputado y enfrenta nuevas acusaciones
Nasif recordó que D’Agostino fue denunciado por su expareja por presuntas amenazas, lesiones y abuso sexual. Actualmente, según explicó, está imputado por coacciones y tenencia ilegal de un arma de guerra, mientras continúan las investigaciones por los restantes hechos denunciados.
El periodista también se refirió a fotografías de contenido íntimo que, según su investigación, habrían sido tomadas dentro de la oficina que D’Agostino ocupaba en la Casa de Gobierno. Aclaró que no está determinado quién tomó las imágenes y sostuvo que algunas habrían sido posteriormente compartidas sin consentimiento.
“Nosotros esas fotos las ponemos a disposición de la Justicia”, afirmó Nasif, quien cuestionó que ningún fiscal lo haya convocado formalmente para aportar ese material.
Fuertes críticas a la Justicia de Mendoza
Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue el cuestionamiento al tratamiento judicial del expediente. Nasif sostuvo que D’Agostino mantiene una situación de libertad que, a su entender, contrasta con la realidad de otros ciudadanos.
“Si el acusado fuese otro, vos o yo, ya estaríamos presos”, lanzó durante la entrevista.
También consideró positiva la inhibición del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, aunque reclamó que la causa quede en manos de magistrados independientes.
El poder político y las dudas sobre la independencia judicial
Nasif fue contundente al referirse a la independencia de la Justicia mendocina. “Yo creo que ninguna”, respondió al ser consultado sobre el tema, y respaldó su afirmación con los vínculos políticos y profesionales que, según sostuvo, atraviesan distintos estamentos del poder provincial.
También cuestionó el silencio de dirigentes políticos y de sectores de la prensa frente a un expediente que involucra a un exfuncionario que durante años ocupó un lugar estratégico en la relación entre el Ejecutivo y la Justicia.
La investigación deberá determinar, con todas las garantías constitucionales, qué delitos pueden acreditarse y quiénes resultan responsables. Pero el caso ya expuso un problema institucional mucho más profundo: cuando quienes deben investigar tienen vínculos con quienes fueron parte del poder, la independencia judicial deja de ser una garantía y se convierte en una deuda pendiente.
