La causa LIBRA sumó este viernes una nueva definición judicial: la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó que un grupo de inversores no podrá intervenir como querellante en el expediente que investiga la presunta maniobra vinculada con la criptomoneda promocionada por Javier Milei.
La resolución fue firmada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. El tribunal sostuvo que los damnificados no lograron demostrar cuál fue el engaño concreto que los llevó a comprar el token ni el vínculo entre esa maniobra y el perjuicio económico denunciado.
Qué argumentó la Cámara Federal
Los camaristas consideraron que, a medida que avanzó la investigación, perdió fuerza la hipótesis inicial de una maniobra criminal organizada. En cambio, remarcaron que también debe contemplarse la posibilidad de que los inversores hayan asumido voluntariamente los riesgos propios de un mercado altamente volátil y sin regulación financiera.
El fallo analizó conceptos como “rug pull”, “insider trading” y “lavado de prestigio”, pero señaló que esas expresiones no alcanzan por sí mismas para acreditar un delito concreto. Según la Cámara, los denunciantes describieron una sucesión de hechos, pero no identificaron una falsedad específica que determinara sus compras.
Qué pasa ahora con la causa LIBRA
La decisión no significa que la investigación penal quede cerrada ni que la Justicia haya descartado definitivamente la existencia de un delito. El tribunal aclaró que su resolución se refiere a la legitimación procesal de los inversores para actuar como acusadores particulares.
La Cámara también rechazó el argumento de que los damnificados ya habían sido reconocidos como querellantes en una etapa anterior. Los jueces entendieron que aquella decisión era provisoria y podía revisarse a partir de las nuevas pruebas incorporadas al expediente.
