En los últimos días el Gobierno de Mendoza publicó una resolución del área de Salud que propone reforzar los controles médicos a mujeres embarazadas para detectar situaciones de riesgo, entre ellas el consumo de sustancias.
La medida vuelve a poner en discusión un tema que ya había llegado a la Legislatura en 2025, cuando el entonces diputado provincial Gustavo Perret presentó un proyecto de ley para incorporar un análisis específico dentro de los controles prenatales. Aquella iniciativa no prosperó y quedó sin tratamiento en el recinto.
Ahora, con la nueva resolución oficial, el debate reaparece. Para Perret, el principal problema es que la medida se aplicará de manera voluntaria y no obligatoria, lo que, según sostiene, reduce su impacto sanitario.
Un proyecto que no llegó a convertirse en ley
Perret explicó que su propuesta original buscaba incorporar un análisis para detectar consumo de sustancias dentro de los controles médicos habituales durante el embarazo.
Según detalló, la idea surgió a partir de consultas con profesionales de la salud, entre ellos pediatras, obstetras y bioquímicos. El objetivo era incluir ese test dentro de los análisis que ya se realizan en los controles prenatales, como los de glucosa o presión arterial.
La lógica era preventiva: detectar tempranamente posibles consumos problemáticos para poder acompañar a la mujer durante el embarazo y reducir riesgos para el bebé.
Sin embargo, el proyecto nunca llegó a tratarse en el recinto. El legislador sostiene que esto forma parte de una práctica frecuente en la Legislatura provincial.
Según afirmó, muchas iniciativas presentadas por la oposición no avanzan como proyectos de ley, pero luego son retomadas por el Ejecutivo a través de resoluciones administrativas.
Resolución en lugar de ley: la principal crítica
El punto central de la discusión es el alcance de la medida.
Mientras que una ley podría establecer obligaciones dentro del sistema sanitario, una resolución tiene menor fuerza normativa y depende de la voluntad de los pacientes.
En este caso, el test para detectar consumo de sustancias será optativo.
Para Perret, ese cambio modifica por completo el espíritu de la propuesta original.
Desde su perspectiva, el carácter voluntario reduce la eficacia de la política pública porque, en la práctica, pocas mujeres optarían por realizar un test que podría confirmar el consumo de drogas durante el embarazo.
El legislador considera que la medida termina siendo más un anuncio que una herramienta efectiva de prevención.
El debate sanitario detrás del consumo durante el embarazo
El problema que busca abordar la política pública existe y preocupa a profesionales de la salud.
El consumo de sustancias durante el embarazo puede provocar complicaciones en el desarrollo del bebé, desde síndrome de abstinencia neonatal hasta problemas neurológicos o dificultades en el desarrollo durante la infancia y adolescencia.
Según relató Perret, uno de los puntos que motivó su proyecto fue la detección de casos en hospitales públicos donde recién al momento del parto se identificaba la presencia de sustancias en la sangre del recién nacido.
En esos casos, explicó, se activan protocolos que pueden incluir la separación temporal entre la madre y el bebé hasta que intervienen equipos interdisciplinarios para evaluar la situación familiar.
Para el legislador, intervenir antes del nacimiento permitiría acompañar a la mujer durante el embarazo y evitar escenarios más complejos después del parto.
Una discusión también política
Más allá del debate sanitario, el tema también expone tensiones políticas dentro de la Legislatura provincial.
Perret sostiene que existe una práctica sistemática de bloquear proyectos impulsados por la oposición, incluso cuando luego el Ejecutivo adopta ideas similares mediante resoluciones.
El diputado asegura que esta dinámica se repite con distintas iniciativas legislativas y que responde a la mayoría política que tiene el oficialismo en la Legislatura.
Mientras tanto, la resolución del Ministerio de Salud ya forma parte de la política sanitaria provincial y abre un nuevo capítulo en una discusión que mezcla salud pública, prevención de adicciones y debate legislativo.
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