El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue detenido el sábado por la noche en el aeropuerto de Le Bourget, Francia, tras arribar en un avión privado procedente de Azerbaiyán. La captura del empresario de 39 años, quien posee doble nacionalidad francesa y emiratí, ocurrió en el marco de una investigación policial preliminar que busca identificar posibles delitos relacionados con la falta de moderadores en Telegram y su supuesta falta de cooperación con la policía, según reportaron medios franceses como BFM y TF1.
El incidente generó una fuerte respuesta desde Moscú, que advirtió a París sobre la necesidad de respetar los derechos de Durov. Asimismo, Elon Musk, propietario de la red social X, criticó lo sucedido, afirmando que la libertad de expresión en Europa estaba bajo ataque. “Estamos en 2030 en Europa y te ejecutan porque te gusta un meme”, expresó Musk en tono sarcástico.
Hasta el momento, ni Telegram ni el Ministerio del Interior francés han emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que Durov podría enfrentar una acusación formal. La policía local y otras autoridades se han mantenido en silencio respecto a los detalles de la investigación, alimentando la incertidumbre en torno a las motivaciones detrás de la detención.
Con casi 1.000 millones de usuarios activos, la plataforma fue objeto de escrutinio por parte de varios gobiernos europeos preocupados por posibles violaciones de seguridad y datos. Según Durov, su objetivo es mantener a Telegram como una “plataforma neutral” y no un “actor en la geopolítica”.
La idea de desarrollar una aplicación de mensajería cifrada surgió durante su tiempo en Rusia, donde enfrentó presiones gubernamentales. Telegram fue fundada junto a su hermano, Nikolai, quien diseñó el código del sistema. “Prefiero ser libre a recibir órdenes de nadie”, comentó Durov en una entrevista reciente, aludiendo a su decisión de abandonar su país natal.
El caso de Durov puso en tensión a las relaciones internacionales, especialmente entre Francia y Rusia, mientras la comunidad tecnológica observa de cerca los desarrollos. La falta de respuestas oficiales y el creciente interés mediático sugieren que las implicancias de este episodio podrían extenderse más allá de un simple procedimiento judicial, tocando fibras sensibles en debates sobre la libertad digital y la moderación de contenidos en la era de la desinformación.
