La crisis de la discapacidad suma señales de alarma en San Rafael. Maximiliano Llorens, transportista especializado y padre de un niño con discapacidad visual, advirtió en una entrevista con LV18 que los bajos aranceles, las demoras en los pagos y la falta de respuestas oficiales ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones.
«No llegamos a cubrir gastos»: el reclamo de los prestadores
Con nueve años de experiencia en el transporte especializado, Llorens conoce el sistema desde ambos lados. En diálogo con LV18, describió una situación económica que afecta a transportistas, profesionales e instituciones.
«Seguimos en un desfasaje total. No llegamos a cubrir gastos, no llegamos a cubrir alquileres en institutos», sostuvo.
Uno de los datos más contundentes de la entrevista fue el valor que recibe el transporte: alrededor de $900 por kilómetro recorrido, mientras que, según indicó, el combustible ronda los $2.400. A esto se suman demoras de entre 90 y 120 días para cobrar prestaciones ya realizadas.
Maximiliano Llorens, transportista especializado en discapacidad, durante su entrevista en LV18, donde alertó sobre la situación de los prestadores.
Una ley de emergencia que no alcanza
Llorens cuestionó el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió sobre los vacíos del nuevo proyecto de financiamiento aprobado en Diputados. El sector reclama participar en las decisiones y acordar aranceles acordes con los costos reales.
«Lo que queremos es ser escuchados, tener un lugar dentro de lo que es el Gobierno», remarcó, al plantear la necesidad de una mesa de trabajo con prestadores, referentes y familias.
Instituciones y familias, frente a un futuro incierto
El impacto ya se siente en los centros de atención. Llorens relató el caso de una institución que enfrenta un desfasaje mensual de entre cuatro y cinco millones de pesos y alertó sobre la posibilidad de cierres.
«Yo llegué a fin de año y no sé qué voy a hacer. Cierro un instituto», recordó sobre la advertencia de una prestadora.
La preocupación también alcanza a hogares y personas que dependen de medicamentos y servicios esenciales. Para Llorens, el riesgo es que las dificultades financieras terminen interrumpiendo tratamientos y apoyos fundamentales.
«A la larga va a pasar con todos los centros», advirtió.
La situación expone un problema que va más allá de los números: la sostenibilidad de un sistema del que dependen cientos de personas y sus familias.
