La discapacidad en crisis marca uno de los momentos más delicados en Argentina. Prestadores, centros terapéuticos y profesionales del sector advierten que los atrasos en los pagos y la falta de actualización de aranceles están llevando al sistema al borde del colapso. Así lo expresó la licenciada Yanina García, integrante de la comisión directiva de CADIMA y presidenta de las fundaciones FEAT y KIS, quien alertó que muchas instituciones sostienen la atención de personas con discapacidad gracias a préstamos, rifas solidarias y recursos propios.
Así lo expresó la licenciada Yanina García, integrante de la comisión directiva de CADIMA y presidenta de las fundaciones FEAT y KIS, en diálogo con LV18. La referente del sector aseguró que muchas instituciones sostienen la atención de pacientes gracias a créditos personales, rifas solidarias o recursos propios ante la falta de respuesta del Gobierno nacional.
“Las instituciones estamos colapsadas y muchas directamente fundidas. Seguimos atendiendo a las personas con discapacidad gracias a préstamos o acciones solidarias. Lo que antes era un sistema de derechos hoy se está transformando en un sistema de caridad”, advirtió.
Cómo funciona el sistema de prestaciones para discapacidad en Argentina
El esquema actual se consolidó a partir de la reglamentación del sistema de prestaciones básicas, derivado de la ley de discapacidad sancionada en 1994 y reglamentada años después.
Este modelo garantizaba que las personas con discapacidad recibieran atención integral en todo el país. Las instituciones prestaban los servicios, facturaban a las obras sociales y luego el Estado reintegraba esos gastos a través de organismos nacionales.
Durante años el sistema permitió que pacientes accedieran a terapias, acompañamiento escolar, rehabilitación, transporte adaptado y múltiples tratamientos interdisciplinarios sin importar su condición socioeconómica.
“Era un sistema que garantizaba derechos y funcionaba relativamente bien. Las instituciones cobraban en un plazo razonable y se podían sostener los servicios”, explicó García.
Aranceles congelados y pagos que llegan hasta 120 días después
El problema comenzó a profundizarse con el atraso en los valores de las prestaciones y con demoras cada vez mayores en los pagos.
Según explicó García, durante más de dos años y medio los aranceles prácticamente no se actualizaron. En la actualidad, un profesional especializado puede cobrar alrededor de 17 mil pesos por una sesión de 45 o 60 minutos con un paciente con discapacidad.
A esto se suma que el pago de esos servicios puede demorarse entre 90 y 120 días.
“Un profesional con años de formación cobra hoy valores totalmente desfasados. En algunos casos una sesión apenas supera los 17 mil pesos y el pago llega meses después”, señaló.
La situación también impacta en acompañantes terapéuticos y docentes integradores. Según el sector, una maestra que acompaña a un estudiante con discapacidad puede percibir alrededor de 307 mil pesos mensuales, una cifra que consideran insuficiente frente a la inflación.
La ley de emergencia en discapacidad que aún no se cumple
Frente al deterioro del sistema, el Congreso aprobó una ley de emergencia en discapacidad que buscaba recomponer parcialmente la situación del sector.
La norma establecía compensaciones por las prestaciones brindadas durante 2024 y 2025 y una actualización de aranceles acorde a índices económicos oficiales.
Sin embargo, desde las organizaciones denuncian que su implementación sigue siendo parcial y confusa.
De acuerdo con García, recién en febrero se publicó una reglamentación mínima que habilita a los prestadores a iniciar reclamos administrativos por prestaciones facturadas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.
“No hay claridad sobre cómo se pagará ni cuándo. Solo se habilitó un trámite para reclamar, pero todavía no existe un mecanismo real de compensación”, afirmó.
El impacto de la crisis en los tratamientos
La falta de pagos no solo afecta a quienes trabajan en el sector. También amenaza la continuidad de tratamientos de miles de personas con discapacidad.
Centros terapéuticos, transportistas y profesionales aseguran que la cadena de pagos está prácticamente quebrada.
El panorama se agravó aún más cuando el programa Incluir Salud dejó de pagar prestaciones desde noviembre, según denuncian las entidades del sector. Este programa cubre a personas con discapacidad que no tienen obra social, generalmente de sectores vulnerables.
“Es la población más humilde la que depende de ese sistema. Si no se paga, directamente quedan sin atención”, explicó García.
Paro nacional y protestas en todo el país
Ante este escenario, organizaciones vinculadas al sector convocaron a un paro nacional y jornadas de protesta para visibilizar la problemática.
La medida incluye cese de actividades y movilizaciones para exigir la regularización de los pagos y la actualización urgente de los aranceles.
En muchas instituciones la atención continúa únicamente por el compromiso de los profesionales.
“Muchos directivos tomamos créditos personales para pagar sueldos. Yo misma dejé de pagar el colegio de mis hijos para sostener el tratamiento de 55 chicos que dependen de nuestra institución”, relató García.
Un sistema que pasa de garantizar derechos a depender de la solidaridad
Para las organizaciones de discapacidad, la crisis actual representa un retroceso en materia de derechos.
El sistema que durante años permitió garantizar acceso a tratamientos especializados hoy funciona, en muchos casos, gracias a la voluntad de profesionales y organizaciones.
“Seguimos atendiendo por empatía y compromiso con las familias. Pero el sistema está roto y si no hay soluciones urgentes muchas instituciones no van a poder seguir”, advirtió la referente.
Mientras tanto, miles de familias dependen de que el conflicto se resuelva para no ver interrumpidos tratamientos que, en muchos casos, resultan indispensables para la calidad de vida de las personas con discapacidad.
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