El Gobierno nacional avanzará este miércoles en Diputados con el tratamiento del Presupuesto 2026, un proyecto que incluye la derogación de leyes sensibles vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario, además de cambios en asignaciones sociales y subsidios energéticos. La iniciativa ya genera un fuerte rechazo de sectores opositores, sindicatos y organizaciones sociales.
A pocos días de cumplir su tercer año de gestión, el oficialismo busca aprobar por primera vez la llamada “Ley de Leyes”. El dictamen obtuvo respaldo en comisión gracias al acompañamiento de bloques aliados y gobernadores afines, aunque con varias firmas en disidencia que anticipan un debate complejo en el recinto.
Discapacidad y financiamiento universitario en el centro del conflicto
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es el artículo 75, que propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Ambas normas habían sido sancionadas por el Congreso, vetadas por el Poder Ejecutivo y luego ratificadas por ambas cámaras.
La decisión sorprende incluso dentro del Congreso, ya que la Justicia ordenó recientemente la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad. Aun así, el oficialismo volvió a incluir su eliminación dentro del Presupuesto, profundizando el conflicto político.
Apoyos políticos y negociaciones con gobernadores
El dictamen de mayoría reunió 28 firmas sobre un total de 46, con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y legisladores alineados con gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones. Sin embargo, seis firmas fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a seguir negociando para evitar una derrota parcial.
En paralelo, la Casa Rosada giró Aportes del Tesoro Nacional a provincias aliadas. Misiones recibió 12 mil millones de pesos, Chaco 11 mil millones y Tucumán 20 mil millones, el monto más alto transferido en lo que va del año.
Cambios de último momento y denuncias de la oposición
Durante el cierre del dictamen, el oficialismo incorporó modificaciones que solo fueron comunicadas a los bloques aliados. La maniobra fue denunciada en comisión por el bloque de Unión por la Patria, que acusó al Gobierno de alterar el texto sin consenso.
Desde la oposición adelantaron que intentarán eliminar los artículos que derogan las leyes vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario durante la votación en particular.
Educación, ciencia y tecnología bajo ajuste
Otro foco de conflicto es el artículo 30, que elimina las metas mínimas de inversión en educación, ciencia y tecnología. También deja sin efecto el fondo para escuelas técnicas y recorta partidas destinadas al desarrollo científico.
La CGT rechazó de inmediato ese artículo y exigió su retiro del proyecto. En un comunicado, advirtió que implica un desfinanciamiento profundo del sistema educativo y científico, con impacto directo en la formación profesional y la investigación nacional.
Asignaciones sociales y AUH sin actualización automática
El proyecto también elimina la indexación automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo. De aprobarse, estos beneficios dejarán de actualizarse mensualmente por inflación, lo que en la práctica significará una pérdida inmediata del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
La medida fue calificada por la oposición como un congelamiento encubierto de ingresos sociales.
Restricciones al régimen de zonas frías
En materia energética, el Presupuesto restringe el régimen de zonas frías. Mantiene los beneficios para regiones históricas como la Patagonia, la Puna y Malargüe, pero otorga al Poder Ejecutivo la facultad de definir su alcance sin establecer porcentajes claros de descuento.
Además, el texto no reconoce explícitamente a las zonas incorporadas al régimen en 2021, lo que genera incertidumbre en varias provincias.
Disciplina fiscal y nuevo blanqueo
El paquete se completa con dos iniciativas que refuerzan el rumbo económico del Gobierno. Por un lado, la ley de “disciplina fiscal”, que busca blindar el déficit cero y establece sanciones para quienes impulsen leyes con impacto presupuestario. Por otro, un nuevo blanqueo de capitales, rebautizado como “inocencia fiscal”, orientado a atraer dólares no declarados sin sanciones futuras.
Mientras el oficialismo acelera el tratamiento parlamentario, la oposición, la CGT y distintos sectores sociales se preparan para movilizar en defensa de la educación pública, la ciencia y los derechos de las personas con discapacidad.
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https://lv18.com.ar/emergencia-en-discapacidad-ley-promulgada-suspendida/
https://lv18.com.ar/emergencia-pediatrica-y-financiamiento-universitario/
