La anunciada ampliación de la Colonia Penal de El Cerrito, que pasaría a funcionar como una unidad penitenciaria con capacidad para unos 200 internos, generó una fuerte preocupación en vecinos de la zona y en el Municipio de San Rafael. El tema fue abordado en profundidad en los estudios de LV18, con la presencia de Mariano Miras, director de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de San Rafael.
Durante la entrevista, Miras fue contundente al señalar que el proyecto impulsado por el Gobierno provincial no fue consultado ni articulado con el Municipio, a pesar de que la legislación vigente establece la necesidad de coordinación interinstitucional.
“Se trata de una inversión que, a nuestro entender, está mal orientada, porque se pretende transformar una colonia penal en un complejo penitenciario en un área rural con fuerte impacto ambiental, social y urbano”, explicó.
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la cuestión cloacal y sanitaria. Según detalló el funcionario, la zona no cuenta con factibilidad de cloacas, lo que genera serias dudas sobre cómo se evacuarán los efluentes de una población que se duplicaría.
“Hoy ya hay vecinos que manifiestan olores y problemas con el sistema actual. Imaginar un complejo penitenciario de mayor escala sin servicios adecuados es, como mínimo, preocupante”, advirtió.
El ordenamiento territorial del sector es otro de los ejes del conflicto. El área de El Cerrito ha sido históricamente elegida para el desarrollo residencial y de emprendimientos inmobiliarios, con inversiones ya realizadas y trámites en curso.
“Duplicar la superficie cubierta y la población estable de un complejo carcelario en un lugar hacia donde la gente quiere irse a vivir impacta directamente en la calidad de vida y en los valores inmobiliarios”, sostuvo Miras.
Vista aérea del predio donde funciona la Unidad X de El Cerrito, en San Rafael.
A esto se suman los problemas de tránsito y accesibilidad. Calles como Tirasso cumplen una función clave como accesos al departamento y no están preparadas para absorber el aumento de circulación que implicarían internos, personal, proveedores y visitas. “Todo eso incrementa el riesgo vial y no ha sido evaluado”, remarcó.
Desde el Municipio también recordaron que existe un predio de unas 50 hectáreas en Colonia Elena, adquirido en 1998, pensado específicamente para la localización de una nueva cárcel, con mejores condiciones territoriales y de conectividad.
“Ese lugar está vinculado a una ruta nacional y permitiría planificar un complejo penitenciario con estudios de impacto ambiental y un proceso de socialización adecuado”, indicó el director de Ordenamiento Territorial.
Miras subrayó que, según la ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, ninguna obra de esta magnitud puede avanzar sin cumplir las instancias administrativas y ambientales, independientemente de que el ejecutor sea el Estado.
“El Estado provincial, frente al Municipio, es un privado más y debe cumplir con los mismos requisitos. Hoy eso no ocurrió”, afirmó.
Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que el proyecto se frene o se reformule, siempre y cuando se respeten los procesos legales y se abra un canal de diálogo real.
“Con diálogo todo se puede discutir. Lo que no puede pasar es licitar una obra sin estudios, sin consulta y sin considerar el territorio y a los vecinos”, concluyó.
