A un día del la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y poco después de que el Gobierno rechazara en la ONU la moción contra ese tipo de violencia, el Ministerio de Economía dispuso el cierre del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Éste y otros cuatro fondos fiduciarios fueron dados de baja mediante el Decreto 1048/24, que se publicó este martes en el Boletín Oficial.
La excusa que utilizó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para terminar con estos fondos es que se detectaron debilidades en un auditoría. Según se precisa en el texto del DNU, hubo un mal uso de recursos y falta de controles y resultados.
En rigor, la decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
Para el Ministerio de Economía, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para la “revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos”, estos cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”.
En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.
Cómo funcionaba el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
Vigente por Ley desde 2019, este Fondo garantizaba la reparación económica a las víctimas a través del decomiso de bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación sexual, y de ganancias provenientes de tales ilícitos.
La normativa proponía la gestión de lo reunido producto de estos crímenes. Para ese fin se había conformado una Unidad Ejecutiva (UE) en la órbita del Ministerio de Justicia, que velaba por la gestión de los recursos embargados.
De acuerdo a la Ley, el circuito que debían seguir los bienes para la reparación económica a las víctimas era:
– Una vez que la causa contaba con una sentencia firme, la Justicia ordenaba el decomiso de bienes y tenía la orden de identificar a las víctimas que obtendrían la reparación, y el monto de las indemnizaciones para cada una de ellas.
– La UE recibía los bienes, que después serían inscritos en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso Penal; e informados al Consejo Federal de Lucha contra la Trata.
– Luego, los bienes debían ser puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se realice su venta en procesos públicos y transparentes. El dinero producido será transferido al Fondo Fiduciario, administrado por BICE Fideicomisos S. A., que a su vez era el encargado de instruir las medidas necesarias para evitar su depreciación.
– La Unidad Ejecutiva ordenaba al BICE, según lo determinara el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, a realizar los desembolsos correspondientes a las reparaciones ordenadas judicialmente, en beneficio de las víctimas individualizadas en sentencia firme.
– El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata era el encargado, asimismo, de administrar el capital remanente del Fondo así como las partidas presupuestarias asignadas.
Con qué excusa el Gobierno lo disolvió
De acuerdo con lo expresado en un comunicado oficial del Ministerio de Economía, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata presentaba “múltiples falencias”. “Entre ellas —precisó— se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.
No obstante, ante la disolución del Fondo, aclararon que el Ejecutivo “mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto, dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin, y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.
Disolución de los Fondos Fiduciarios: qué encontró el Gobierno
El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.
Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes. En este caso, señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.
Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones, y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.
Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”.
En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.
Por otra parte, también se cerró el PROINE, que había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico.
Economía, fundamentó la eliminación expresando que “tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias”. De esta manera, el Decreto consideró que “ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia”.
Las disoluciones se completaron con el cierre del PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020.
En relación al citado Fondo, se consideró que “luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía”.
Además, desde el Palacio de Hacienda remarcaron que “en este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos” y señalaron que “también, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados”.
Fuente: Página/12
