La situación del sector de la Discapacidad en Mendoza ha llegado a un punto de quiebre. En lo que va de 2026, la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno Nacional y la asfixia económica han empujado a las instituciones a una situación de «supervivencia».
Ante este escenario, la Lic. Yanina García, integrante de CADIMA (Cámara de Discapacidad de Mendoza), brindó detalles sobre la campaña de recolección de firmas y los proyectos legislativos que buscan declarar la emergencia provincial. La iniciativa principal consiste en una carta abierta dirigida al Gobernador de Mendoza y al Ministerio de Salud, solicitando la declaración inmediata de la emergencia en discapacidad.
Según explicó García, no se trata solo de un movimiento administrativo, sino de una necesidad imperiosa de apoyo para las instituciones que prestan servicios de rehabilitación y educación.
En el sur provincial, San Rafael y General Alvear lideran la junta de firmas para dar fuerza territorial al reclamo, buscando que el pedido llegue con el respaldo de toda la sociedad mendocina.
Lic. Yanina García, integrante de CADIMA – Cámara de Discapacidad de Mendoza.
Proyectos legislativos y la creación de fondos específicos
El reclamo de CADIMA coincide con iniciativas presentadas en el ámbito legislativo, como la del diputado Gustavo Perret. Estos proyectos no solo piden la declaración de emergencia, sino que proponen la creación de fondos provinciales específicos.
El objetivo es que Mendoza cuente con recursos propios para asistir a las instituciones prestadoras, garantizando que el apoyo llegue directamente a quienes brindan el servicio, evitando así el cierre de centros que son vitales para miles de familias.
Cuatro meses sin respuestas en un 2026 crítico
Al cumplirse el primer cuatrimestre del año, el balance para el sector es sumamente negativo. Las instituciones denuncian que, a pesar de las promesas, la efectividad de las leyes de discapacidad es nula en la práctica.
La falta de actualización de aranceles y los retrasos en los pagos están llevando a los centros de día y escuelas especiales a la quiebra técnica.
«Estamos buscando formas de subsistir porque la voluntad política no se traduce en hechos», señaló la licenciada García durante la entrevista.
Centros de día de Mendoza enfrentan una crisis sin precedentes por el desfinanciamiento del sistema nacional.
El riesgo de perder el acceso a derechos fundamentales
El día a día de las instituciones es una lucha por no cerrar las puertas. García enfatizó que si los centros de rehabilitación y educación dejan de funcionar, el derecho constitucional de las personas con discapacidad al acceso a la salud queda vacío de contenido.
No existe forma de garantizar la rehabilitación si no hay una estructura institucional que reciba a los pacientes. La preocupación radica en que, tras años de avances en derechos, se produzca un retroceso histórico por falta de financiamiento.
Un reclamo transversal que supera los colores políticos
Uno de los pilares de esta campaña es su carácter plural. El petitorio ya cuenta con el apoyo del Intendente de San Rafael y se espera la rúbrica de otros jefes comunales de la provincia.
La estrategia de CADIMA es que el pedido de emergencia sea «transversal a la política», sumando a representantes de todos los sectores para demostrar que la protección de las personas con discapacidad debe ser una política de Estado que trascienda cualquier gestión partidaria.
El antecedente judicial y el incumplimiento nacional
La justicia ya ha fallado a favor del sector en instancias anteriores. Existe un amparo colectivo, en el cual participó la Cámara de Discapacidad de Mendoza, que ordenó al Ejecutivo Nacional declarar la emergencia.
Sin embargo, a pesar de que se anunció su efectividad a principios de febrero, en la realidad los fondos no han fluido. García denunció que el Gobierno Nacional parece «empecinado en no cumplir», lo que obliga a la provincia a buscar soluciones locales para proteger a sus ciudadanos.
