La emergencia energética 2027 seguirá vigente en todo el país. A través del DNU 585/2026, el Gobierno de Javier Milei prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el régimen excepcional que alcanza a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, equiparando además su vigencia con el sistema de transporte y distribución de gas natural.
Gobierno justificó la extensión de la emergencia energética
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo sostuvo que «persisten riesgos técnicos, económicos y operativos que afectan la estabilidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional». Además, afirmó que existe una «interdependencia operativa y económica» entre el sistema eléctrico y el gas natural, razón por la cual ambos regímenes excepcionales deberán vencer en la misma fecha.
El Gobierno explicó que la medida permitirá «dar continuidad al proceso de normalización técnica y regulatoria del sector energético», así como avanzar con la adecuación tarifaria, las obras de infraestructura consideradas críticas y la reorganización del Mercado Eléctrico Mayorista.
El diagnóstico oficial expone un sistema bajo presión
Entre los fundamentos técnicos, el decreto advierte que durante el pico de demanda de febrero de 2025 el sistema alcanzó los 30.257 megavatios, mientras que el margen de reserva operativa fue apenas del 4,4%, un nivel considerado insuficiente para responder a contingencias.
Además, el informe oficial señala que «más del 60% de las averías en la red de distribución se concentran en alimentadores con más de 25 años de servicio», mientras que varias estaciones transformadoras operan por encima del 90% de su capacidad instalada, reflejando el deterioro de la infraestructura.
La decisión reabre el debate sobre tarifas y subsidios
Con la extensión de la emergencia energética 2027, el Ejecutivo conservará facultades para continuar la transición tarifaria, renegociar contratos con las empresas del sector y avanzar en la reducción gradual de los subsidios.
Sin embargo, la decisión también vuelve a abrir interrogantes sobre la capacidad del sistema para responder a la creciente demanda y sobre el impacto que tendrán las futuras actualizaciones tarifarias en los usuarios. Mientras el Gobierno sostiene que la prórroga es indispensable para garantizar la prestación del servicio, sectores críticos cuestionan que, tras casi tres años de emergencia, el sistema continúe dependiendo de un régimen excepcional para su funcionamiento.
