El gobierno nacional oficializó este viernes el pase a disponibilidad de trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). La medida afecta a 343 empleados, entre ellos 49 del INV, según quedó establecido en la Resolución N.º 1.240/2025 publicada en el Boletín Oficial.
Qué significa el pase a disponibilidad
La disposición establece que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida queda en “situación de disponibilidad” por un período que va de seis a doce meses. Durante ese tiempo, los trabajadores están dispensados de cumplir funciones, aunque deben permanecer atentos a cualquier notificación oficial.
Mientras dure ese plazo, los empleados percibirán un haber de disponibilidad. Si transcurrido el período no logran ser reasignados a otra repartición estatal, podrán ser despedidos con el pago de la indemnización correspondiente.
En paralelo, la resolución limita licencias sin goce de haberes, comisiones de servicios, adscripciones o asignaciones transitorias de funciones para el personal de los tres organismos.
49 empleados del INV afectados
De acuerdo con la nómina oficial publicada en los anexos de la resolución, son 49 los trabajadores del INV alcanzados por la medida. En su mayoría, se trata de profesionales con entre 20 y 35 años de antigüedad en el organismo.
Algunos de ellos comenzaron a ser notificados incluso antes de la publicación oficial. El hecho se conoció pocos días después de una reunión en la sede del INV, en la que uno de los empleados falleció repentinamente, lo que generó un fuerte impacto en el sector.
El INV, que tiene sede central en Mendoza, atraviesa un proceso de transformación luego de que el decreto presidencial de julio dispusiera su reconversión en una unidad organizativa de la Secretaría de Agricultura, con reducción de secretarías y limitación de su rol de control a la verificación de que el vino sea apto para consumo.
El caso del INTA y el INASE
La mayor parte de los trabajadores alcanzados por la medida pertenece al INTA: 286 en total. Según la información oficial, ninguno de ellos cumple funciones en Mendoza. En el caso del INASE, la resolución afecta a ocho empleados.
En el INTA, la decisión generó malestar entre los equipos técnicos. Voceros gremiales señalaron que “el Ejecutivo se apuró a obrar en la ventana de oportunidad que ofrece la revisión del veto” al decreto que dio origen a la disolución o transformación de los organismos.
El gremio ATE ya anunció que prepara una acción judicial colectiva para frenar los efectos de los pases a disponibilidad.
El trasfondo político: el veto al decreto
La publicación de la resolución coincidió con el debate en el Senado sobre el veto presidencial al decreto que modificaba la estructura de los organismos descentralizados. Finalmente, la Cámara alta ratificó el veto, con el voto afirmativo de los tres senadores mendocinos: la peronista Anabel Fernández Sagasti y los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez.
El oficialismo justificó la disolución del INASE y la transformación del INV y el INTA en un diagnóstico de “sobredimensionamiento de estructuras” y de “desvío de los fines originales”.
En un comunicado previo, el Ministerio de Economía había señalado que el INTA contaba con 932 cargos jerárquicos y que en los últimos años “se desvió de su propósito original, utilizándose como herramienta de militancia política y guiado por la Agenda 2030, alejado de las necesidades del sector agroindustrial”.
En el caso del INV, además de la reducción de áreas, se definió que su rol quedará limitado a la certificación de que los productos vitivinícolas sean aptos para el consumo, lo que generó preocupación en la industria.
Impacto en Mendoza y en la vitivinicultura
El pase a disponibilidad de los 49 trabajadores del INV repercute especialmente en Mendoza, principal provincia productora de vino del país y sede central del organismo. Dirigentes sindicales y representantes del sector vitivinícola advirtieron que la reducción de personal especializado puede afectar la capacidad técnica y de control en una industria clave para la economía regional.
Los empleados afectados poseen perfiles profesionales vinculados a la enología, la química, la biología y otras disciplinas necesarias para la fiscalización de procesos de elaboración y comercialización de vinos y derivados.
Si bien el gobierno asegura que el recorte responde a la necesidad de modernizar estructuras, desde el sector advierten que puede implicar un retroceso en el control de calidad y en el posicionamiento internacional de los vinos argentinos.
Próximos pasos
Con la resolución ya en marcha, cada trabajador afectado tiene entre seis y doce meses para intentar una reubicación dentro del sector público. Mientras tanto, los gremios esperan que la justicia se expida sobre la validez de los pases a disponibilidad, especialmente si se confirma la nulidad del decreto madre.
En paralelo, la transformación del INV y el INTA continúa avanzando con decretos reglamentarios que ajustan funciones, reducen jerarquías y limitan competencias.
El conflicto promete escalar en las próximas semanas, en un escenario donde confluyen la crisis laboral, la discusión institucional sobre los decretos de necesidad y urgencia, y el debate sobre el rol del Estado en organismos estratégicos para la producción agroindustrial.
