En los tribunales de Comodoro Py ingresó una denuncia explosiva que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, al funcionario Eduardo “Lule” Menem y al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Todos ellos son acusados de participar en un esquema de coimas vinculadas a la compra de medicamentos a laboratorios, un escándalo que ya generó allanamientos, desplazamientos de funcionarios y una crisis política en el corazón del Gobierno.
La denuncia en Comodoro Py
La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a los mencionados funcionarios de integrar una red de corrupción que, mediante retornos y desvío de fondos, habría afectado directamente a la salud pública.
En la denuncia se señalan posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, infracción a la ley de Ética Pública y hasta asociación ilícita. Según el escrito, la maniobra se articulaba a través de la Droguería Suizo Argentina, propiedad de Eduardo Kovalivker, empresa que habría sido clave para cobrar y distribuir los pagos ilegales.
El circuito de dinero, siempre de acuerdo a la denuncia, consistía en el pago de coimas del 3% sobre los contratos de provisión de medicamentos, cifra que representaría alrededor de 800 mil dólares por mes. Ese dinero se habría destinado a los despachos más altos de la Casa Rosada.
Los señalados como beneficiarios
En el documento judicial se señala a Javier y Karina Milei como beneficiarios directos de los fondos desviados, mientras que Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo aparecen como intermediarios encargados de garantizar el circuito de retornos.
La participación de la ANDIS, según Dalbón, agrava la situación porque el organismo es clave en la política de atención a personas con discapacidad. “Cada peso derivado a coimas significa la pérdida de tratamientos, prótesis o medicamentos imprescindibles para miles de familias”, sostiene la presentación.
En paralelo, en el Congreso se debate la Ley de Emergencia en Discapacidad, que Milei vetó, lo que aumenta la tensión política en torno al tema.
Los audios de Spagnuolo que encendieron la crisis
El caso tomó otra dimensión tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y amigo personal del Presidente. En esas grabaciones, Spagnuolo reconoce la existencia de pedidos de coimas a laboratorios y menciona directamente a Karina Milei, a “Lule” Menem y al propio Javier Milei.
En un pasaje de los audios, Spagnuolo asegura:
-
“Hablé con el Presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApp de Karina’”.
-
En otro tramo: “A ella le llega el 3 por ciento”.
Spagnuolo también afirma que tanto Karina como Martín Menem recibirían “de medio palo para arriba por mes” en concepto de retornos por medicamentos.
Allanamientos en la madrugada
Tras la denuncia y la difusión de los audios, el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó 14 allanamientos simultáneos en la madrugada. Los procedimientos alcanzaron la sede de la ANDIS, oficinas de la Droguería Suizo Argentina y los domicilios particulares de Spagnuolo, de Daniel Garbinelli (otro funcionario del ANDIS) y de los hermanos Kovalivker, directivos de la droguería.
En el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron material vinculado a contrataciones de medicamentos y el celular de Emmanuel Kovalivker. Al directivo también le encontraron 200 mil dólares en sobres, junto con papeles con anotaciones.
Sin embargo, Spagnuolo no fue localizado y su teléfono celular, que podría contener los “WhatsApp de Karina” a los que alude en los audios, aún no pudo ser secuestrado.
La reacción del Gobierno
El impacto del escándalo fue inmediato en la Casa Rosada. El Gobierno decidió desplazar a Spagnuolo y anunció la intervención de la ANDIS. Con esa decisión buscó marcar distancia del funcionario, aunque el contenido de los audios lo vincula directamente con los más altos niveles del Ejecutivo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único que habló públicamente sobre el tema. “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, declaró, y agregó que será la Justicia quien deba investigar.
Esa postura, sin embargo, no logró frenar las especulaciones y las repercusiones políticas. Desde la oposición se multiplicaron los pedidos de explicaciones y reclamos de transparencia.
Impacto en la salud pública
Uno de los aspectos más sensibles de este escándalo es el vínculo con la política de discapacidad y salud pública. La denuncia sostiene que las decisiones sobre qué medicamentos comprar y a qué laboratorios adjudicar contratos no se tomaban por criterios médicos o sociales, sino en función de quién pagaba las coimas.
De confirmarse, se trataría de una maniobra que convirtió la salud en una “moneda de cambio”, con consecuencias directas para miles de pacientes que dependen de insumos, tratamientos y prestaciones estatales.
Qué puede pasar en la causa
El futuro de la investigación dependerá de los avances en la Justicia Federal. Los allanamientos ya dejaron pruebas materiales y documentación que deberá ser analizada. El celular de Spagnuolo aparece como pieza clave para verificar la existencia de comunicaciones con Karina Milei y otros funcionarios.
Mientras tanto, la denuncia formal de Dalbón se suma a las pruebas mediáticas y alimenta la presión política. Con audios, allanamientos y sospechas de millones de dólares en juego, el caso se perfila como el primer gran escándalo de corrupción que golpea de lleno al gobierno de Javier Milei.
Información relacionada
https://www.instagram.com/reel/DNmM9Gztw9r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://lv18.com.ar/vetos-presidenciales-diputados-milei/
