El represor argentino Carlos Luis Malatto, que será juzgado en Italia por el asesinato y desaparición de 8 personas, entre ellas el matrimonio de los mendocinos Alfredo Lerouc y Marta Saroff, pidió en las últimas horas ser juzgado por un tribunal militar y no uno civil.
Malatto, que se fugó al país europeo hace 13 años, está imputado por 8 asesinatos y desapariciones durante el terrorismo de Estado. Fueron hechos que ocurrieron en San Juan y por eso la Universidad Nacional de esa provincia se sumó como querellante ya que entre las víctimas hay autoridades, docentes y estudiantes de esa casa de estudios.
El ex militar está prófugo desde 2011 pero tras ser descubierto en su escondite el Ministerio de Justicia italiano accedió a juzgarlo por delitos que se corresponden con genocidio.
El matrimonio mendocino desaparecido: una docente y un trabajador bodeguero
Entre las víctimas de Carlos Luis Malatto están los mendocinos Marta Saroff y Alfredo Lerouc.
Marta Élida de Lourdes Saroff nació el 11 de febrero de 1950. Fue maestra y empleada del Banco Los Andes hasta abril de 1975. Alfabetizadora en villas de emergencia, se casó con Alfredo Lerouc, empleado de una bodega en octubre de 1973. Tuvieron dos hijos.
La pareja vivía en San Martín pero, perseguidos por las fuerzas de la dictadura, decidieron dejar a los niños con sus abuelos y viajar a San Juan. El 20 de noviembre de 1976 Alfredo fue ejecutado por el Ejército y, presumiblemente ese mismo día, Marta fue secuestrada.
El militar Malatto quiere ser juzgado mor militares italianos
Carlos Malatto pidió en Roma ser juzgado por un tribunal militar de Italia y no por uno civil, por los crímenes que se le imputan en el Plan Cóndor, informó Jorge iturburu, presidente de la asociación italiana 24 de Marzo, principal impulsora de la causa contra el prófugo genocida. Esta agrupación está formada por ciudadanos argentinos, chilenos y uruguayos residentes en distintas ciudades italianas, muchos de ellos víctimas de las dictaduras sudamericanas y del Plan Cóndor.
La jueza del Tribunal de Roma, Marisa Mosetti, debía decidir si abría el proceso contra Malatto pero, ante su petición, ahora tendrá que aclarar primero en otra vista el 4 de noviembre si depende de la jurisdicción militar, explicó Iturburu en declaraciones reproducidas por Eva Guevara, periodista de Mendoza.
En caso de que se desestime la opción de un proceso militar, se celebrará otra audiencia el 2 de diciembre para, esta vez sí, decidir si se abre el proceso penal en su contra.
Malatto, que en octubre cunplirá 75 años, se fugó de Argentina y llegó a Italia en 2011, donde reside en la ciudad de Messina. En 2015 el Ministerio de Justicia italiano dio luz verde a una investigación sobre él tras recibir una denuncia.
La Fiscalía de Roma le imputa el asesinato de ocho personas en el Plan Cóndor
En la audiencia de esta semana la defensa del ex militar sostuvo que debía ser procesado por la justicia militar italiana porque sus actos en aquellos años, alegó, eran para combatir a “organizaciones terroristas”.
A su parecer, el acusado cumplió “órdenes militares” en medio de “una guerra” entre la dictadura de Jorge Rafael Videla y grupos opositores y guerrilleros como Montoneros, Tupamaros (de Ururugay) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
A esta tesis el fiscal, Stefano Opilio, no la comparte ya que sostiene que sus acciones constituyeron “delitos políticos, no militares”.
En la vista de esta semana en el Tribunal de Roma se sumó como demandante la Universidad Nacional de San Juan pues cuatro de las víctimas que se le atribuyen a Malatto formaban parte de esa casa de estudios. Todos ellos fueron desaparecidos entre 1976 y 1977.
Se trata del rector, Juan Carlos Cámpora; el estudiante de Ingeniería y miembro del Partido Comunista, Angel Jose Alberto Carvajal; el estudiante de Ciencias Sociales, Jorge Alberto Bonil y el tipógrafo Florentino Arias.
Las otras víctimas son las ya mencionadas Marta Saroff y Alfredo Lerouc, de Mendoza; Daniel Rodolfo Russo y la modelo francesa Marie Anne Erize por cuya desaparición también fue juzgado y condenado Jorge Olivera, padre del cura Olivera Rabasi, sindicado como el organizador de la visita a genocidas por parte de diputados nacionales liberales entre los que estuvo Lourdes Arrieta. Jorge Olivera quien se jactó de ser “el primero en violar a la francesita”.
Malatto acudió al aula del Tribunal de Roma y, según los presentes, pues la vista se celebró a puerta cerrada, “parecía bien físicamente”.
Italia juzgó durante años a decenas de militares de países como Uruguay, Bolivia, Perú o Chile por la muerte o desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en Latinoamérica en el Plan Cóndor.
Todos fueron juzgados en contumacia, ausentes, con la excepción de uno de solo de los imputados, el represor uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que vivía en libertad en Italia y que se encuentra en prisión condenado a perpetua por aquellos hechos.
Fuente: Diario Uno
