El Gobierno avanza con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

Por Verónica Iglesias

6 de noviembre de 2025

Central nuclear Atucha II, una de las plantas operadas por Nucleoeléctrica Argentina.

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), empresa que opera las centrales nucleares del país. La medida se formalizó mediante la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

Según el documento, el Estado conservará el 51% del paquete accionario, mientras que se pondrá a la venta un 44% para el sector privado. El 5% restante quedará en manos de los trabajadores de la compañía.

Una empresa estratégica en debate

Nucleoeléctrica Argentina, responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, es considerada una empresa estratégica dentro del sistema energético nacional. A diferencia de otras firmas estatales, NA-SA no presenta pérdidas y mantiene un balance superavitario, según fuentes gremiales y técnicas del sector.

Críticas desde el ámbito nuclear

El anuncio generó preocupación entre especialistas y trabajadores nucleares. Andrés Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), advirtió en diálogo con C5N.com que la medida “no tiene justificación ni económica ni técnica”.

“El Estado está desprendiéndose de una empresa rentable y estratégica. Si un privado busca mayores ganancias, eso se trasladará a tarifas más altas. En definitiva, lo terminaremos pagando todos”, señaló Kreiner.

Temor por la pérdida de autonomía tecnológica

El físico también alertó sobre el riesgo de que la privatización afecte la independencia tecnológica del desarrollo nuclear argentino.
“La Argentina eligió hace décadas la línea de uranio natural y agua pesada. Si un inversor controla más del 44%, podría cambiar la orientación tecnológica y debilitar una política de Estado que fue exitosa”, explicó.

Para Kreiner, detrás del proceso hay una necesidad inmediata de obtener dólares y transferir negocios rentables al sector privado, decisiones que calificó de “electoralistas y cortoplacistas”.