Río de Janeiro volvió a convertirse en un campo de batalla. Un operativo policial contra el Comando Vermelho, la organización criminal más antigua de Brasil, dejó al menos 64 muertos y más de 90 detenidos en las favelas del Complexo do Alemão y el Complexo da Penha. De acuerdo con fuentes oficiales, 60 de las víctimas eran civiles -entre presuntos traficantes y vecinos atrapados en el fuego cruzado-, y cuatro pertenecían a las fuerzas de seguridad.
El hecho se convirtió en el episodio más violento de la guerra al narcotráfico en Brasil en los últimos años y reavivó un debate que atraviesa al país: hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad pública.
Un amanecer bajo fuego
La operación comenzó poco después de las seis de la mañana del martes, cuando cientos de agentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y tropas de élite de la Policía Militar ingresaron a los morros del norte de la ciudad.
Helicópteros y drones sobrevolaban el área mientras los blindados -los temidos “caveirões”- abrían paso entre barricadas y autos calcinados. En cuestión de minutos, las calles se transformaron en zonas de guerra.
Los tiroteos se extendieron durante todo el día. Desde el aire, las cámaras policiales captaron imágenes de hombres con armas largas huyendo entre la vegetación densa de los cerros. Eran, supuestamente, miembros del Comando Vermelho tratando de escapar hacia otras favelas.
En las zonas bajas, el miedo paralizó la vida cotidiana. Las escuelas, centros de salud y comercios cerraron sus puertas. Los vecinos, encerrados en sus casas, registraban con sus celulares el tableteo de las ametralladoras. “De un lado nos amenazan los delincuentes; del otro, la policía irrumpe y golpea”, contó un habitante del Complexo da Penha al portal UOL.
El caos se extiende a toda la ciudad
A medida que avanzaba la jornada, las barricadas de piedras y neumáticos incendiados se multiplicaban en las entradas de las comunidades. Los blindados respondían disparando hacia todo lo que se movía, en un operativo que, según testigos, no distinguía entre delincuentes y civiles.
Las consecuencias se sintieron más allá de las favelas: varias avenidas de Río de Janeiro fueron bloqueadas y el tránsito colapsó. Miles de trabajadores no pudieron llegar a sus empleos.
La violencia es tan habitual que muchos cariocas consultan cada mañana aplicaciones como Fogo Cruzado para saber qué rutas evitar, una rutina que refleja la normalización de la guerra al narcotráfico en Brasil.
Claudio Castro y la doctrina del “enemigo interno”
El gobernador de Río, Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la magnitud del operativo y pidió al gobierno federal el envío de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía. “No estamos combatiendo delincuentes comunes, sino terroristas”, declaró.
Esa narrativa encaja con la estrategia bolsonarista que impulsa la militarización del combate al narcotráfico. Para Castro, y para buena parte de la derecha brasileña, los grupos criminales deben ser tratados como amenazas a la seguridad nacional, lo que habilita el uso del poder de fuego del Estado sin restricciones.
La policía, por su parte, facilitó imágenes del operativo a la cadena CNN Brasil, que las difundió como muestra de “éxito” en la lucha contra el crimen. Críticos y organizaciones de derechos humanos denunciaron una “operación de exterminio” más que un procedimiento de seguridad.
Lula entre la presión y la prudencia
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue informado del operativo mientras regresaba de un viaje a Asia. Desde el avión presidencial ordenó una reunión urgente en el Palacio del Planalto, encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro de la Casa Civil, Rui Costa.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, expresó cautela ante la posibilidad de firmar un decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que permitiría la intervención militar en Río. Según fuentes del gobierno, Lula teme cruzar una “línea roja”: la de convertir la guerra al narcotráfico en Brasil en un conflicto de carácter militar, una tesis impulsada por el bolsonarismo.
El gobierno federal, consciente del impacto internacional que tendría una acción de ese tipo, busca evitar que el enfrentamiento en las favelas se transforme en una guerra abierta entre el Estado y los grupos armados urbanos. Aun así, la presión política y mediática crece.
La sombra de Bolsonaro
Aunque preso e inhabilitado políticamente, Jair Bolsonaro sigue influyendo en la agenda de seguridad a través de su hijo, el senador Flavio Bolsonaro. El legislador, considerado uno de los hombres más poderosos de Río, defendió recientemente la idea de tratar a los narcotraficantes como “terroristas a eliminar con las Fuerzas Armadas”.
Según fuentes políticas, el gobernador Castro no habría lanzado el operativo sin consultarlo. Las declaraciones del senador -que incluso expresó su “envidia” por la política de seguridad del exministro estadounidense Peter Hegseth- fueron vistas como un preludio de lo ocurrido esta semana.
Una guerra sin fin en las favelas cariocas
La ofensiva en el Complexo do Alemão y Penha es apenas el último capítulo de una guerra que parece no tener fin. Desde 2019, más de 2.000 personas murieron en operativos policiales en Río de Janeiro, la mayoría en barrios pobres. Las organizaciones humanitarias denuncian que el Estado brasileño aplica una política de “seguridad de exterminio”, donde los habitantes de las favelas son vistos como enemigos internos.
La guerra al narcotráfico en Brasil ha transformado el paisaje social de Río: las fuerzas de seguridad se despliegan con armamento militar, los cárteles responden con violencia, y los civiles quedan atrapados entre dos fuegos.
Lo que viene
Mientras el gobierno federal evalúa cómo responder, el país observa con preocupación la espiral de violencia. Si Lula decide no militarizar, enfrentará la presión de los sectores más duros; si lo hace, legitimará una estrategia que equipara la pobreza con el crimen.
Al cierre de esta nota, no había aún una posición oficial definitiva. Lo que sí está claro es que el operativo en Río marcó un punto de inflexión en la guerra al narcotráfico en Brasil, donde la frontera entre seguridad y barbarie se vuelve cada vez más difusa.
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