El Gobierno nacional avanzó con una profunda reforma de la Ley de Inteligencia Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida redefine el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), crea nuevos organismos y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), lo que generó fuertes cuestionamientos desde sectores políticos y de derechos humanos.
La modificación fue firmada por el presidente Javier Milei una vez finalizado el período de sesiones extraordinarias del Congreso y vuelve a utilizar la vía del DNU para cambiar un área sensible del Estado, sin debate parlamentario previo.
Nueva estructura del Sistema de Inteligencia Nacional
El decreto introduce cambios centrales en el esquema del SIN. Entre ellos, se destacan la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), que reemplaza y amplía las funciones de la anterior Agencia Federal de Ciberseguridad.
Con esta reorganización, la SIDE mantiene su rol como organismo rector, pero pasa a concentrarse especialmente en tareas de contrainteligencia vinculadas a la seguridad nacional y a la actuación frente a amenazas externas.
El rol del Centro Nacional de Ciberseguridad
Otro de los puntos relevantes de la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional es la formalización del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como autoridad específica en la materia. Este organismo tendrá a su cargo la protección de infraestructuras críticas y la coordinación de las políticas de seguridad digital a nivel nacional.
El CNC funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con dependencia de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que centraliza la estrategia de ciberinteligencia del Estado.
Eliminación de la inteligencia estratégica militar
El DNU también dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), que dependía del Ministerio de Defensa. Esta decisión implica un corrimiento del control civil sobre áreas de inteligencia y deja a las Fuerzas Armadas con un rol más directo, aunque bajo requerimiento de la SIDE.
Desde distintos espacios se advierte que esta medida debilita los consensos construidos tras el retorno de la democracia para separar las funciones militares de la inteligencia interior.
Actividades encubiertas y ampliación de facultades
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter “encubierto”. El decreto utiliza ese término en lugar de “secreto”, lo que, según especialistas, amplía el margen de discrecionalidad y reduce los niveles de control público y judicial.
Además, la SIDE queda habilitada para investigar supuestas fugas de información clasificada, una cláusula que genera preocupación en el ámbito periodístico y entre organizaciones que defienden la libertad de expresión.
Detenciones y participación de las Fuerzas Armadas
La reforma de la Ley de Inteligencia Nacional también autoriza a los agentes de la SIDE a aprehender personas, una facultad que estaba expresamente vedada en la normativa vigente. A esto se suma la posibilidad de requerir apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad federales para tareas de inteligencia interior.
Para la oposición, este punto marca un quiebre con los límites establecidos después de la última dictadura y habilita un esquema de actuación conjunta que había sido desarmado por razones institucionales.
Críticas políticas y alertas de organismos de derechos humanos
Desde distintos bloques opositores calificaron la reforma como “regresiva” y “peligrosa”. Legisladores nacionales anticiparon proyectos para derogar el DNU y reclamaron la normalización de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que debería controlar a la SIDE.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la reforma amplía el secreto, debilita los controles democráticos y puede facilitar el espionaje sobre opositores, periodistas y organizaciones sociales.
Un nuevo capítulo en la política de inteligencia
Con este decreto, el Gobierno suma una nueva modificación estructural al sistema de inteligencia en menos de dos años. La falta de debate legislativo y el alcance de las facultades otorgadas vuelven a colocar a la Ley de Inteligencia Nacional en el centro de la discusión política e institucional, con un escenario abierto de conflictos judiciales y parlamentarios.
Información relacionada
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/337032/20260102
https://lv18.com.ar/modificacion-ley-de-ministerios-decreto-825-2025/
