La desesperación de una familia de Malargüe vuelve a poner a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) en el centro de las críticas. Martina tiene siete años, una discapacidad compleja y necesita insumos médicos indispensables para preservar su salud. Según denunció su papá, Marcos Torres, la obra social acumula once meses de demoras y tampoco habría cumplido una orden judicial que exigía entregar parte de los elementos pendientes.
Una espera que pone en riesgo la salud de Martina
En diálogo con LV18, Torres explicó que su hija tiene asociación VACTERL, un síndrome que comprende distintas malformaciones congénitas. Su situación requiere cuidados permanentes y elementos específicos para evitar complicaciones que pueden poner en riesgo su vida.
«Te levantás todos los días y te acostás todos los días pensando cómo hacer plata, no para irte de vacaciones, sino para sostener la salud de tu hija», relató el padre.
La familia presentó un nuevo amparo judicial el 21 de octubre. Según contó Torres, un juez ordenó a OSEP entregar determinados insumos en cinco días hábiles. La obra social apeló, pero la Cámara de Apelaciones de San Rafael rechazó suspender el cumplimiento de la medida.
Sin embargo, Marcos asegura que los elementos siguen sin llegar y que debieron solicitar la ejecución de la sentencia.
«Responsabilizo públicamente a OSEP por la salud de Martina»
El reclamo va mucho más allá de siete insumos faltantes. Torres denunció atrasos en pañales, zapatos, prestaciones, maestras y un carro ortopédico que todavía no tiene resolución.
También cuestionó las dificultades para conseguir atención y traslados sanitarios en Malargüe.
«Las personas con discapacidad no pueden esperar las cosas para después, para más adelante», advirtió.
Cuando las familias terminan pagando lo que debería cubrir la obra social
La situación de Martina refleja una realidad que atraviesan otras familias con personas con discapacidad: trámites interminables, respuestas evasivas, gastos imposibles de sostener y el desgaste de tener que reclamar una y otra vez.
«No tenemos que andar desfilando por tribunales, por juzgados», expresó Torres.
Su planteo deja una pregunta que OSEP y las autoridades provinciales deberían responder: si una familia necesita recurrir a la Justicia para conseguir insumos esenciales, ¿quién se hace responsable mientras tanto?
«La salud no espera», insistió el papá de Martina. Y detrás de ese reclamo hay muchas familias mendocinas que no piden privilegios: exigen que se garantice un derecho.
