En medio de una negociación marcada por la tensión y la desconfianza, las paritarias del sector Salud volvieron a quedar en punto muerto. La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) rechazó de plano la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Mendoza y acusó a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo de ofrecer aumentos que, lejos de recomponer el poder adquisitivo, profundizan el atraso salarial.
La oferta oficial consistió en un incremento total del 7 % para el primer semestre de 2026: 5 % en marzo y 2 % en mayo, calculado sobre la base fija de diciembre de 2025 y sin carácter acumulativo. En términos prácticos, el aumento real mensual queda por debajo del 1 %, según explicó Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, en declaraciones radiales.
Una propuesta que no cubre la inflación
Desde el gremio calificaron la oferta como “muy magra”. La secretaria gremial Marcela Mora sostuvo que el incremento ni siquiera cubre la inflación proyectada y que no implica una recomposición salarial real.
Iturbe fue más directa: explicó que al calcularse sobre el salario de diciembre y no sobre el sueldo actualizado, el impacto es mínimo. “En un sueldo de un millón de pesos, estamos hablando de menos de diez mil pesos”, detalló. En un contexto inflacionario persistente, ese monto resulta simbólico frente al aumento constante del costo de vida.
El reclamo no se limita a un porcentaje. Según AMProS, los sueldos arrastran un atraso significativo y cualquier incremento que no sea acumulativo consolida la pérdida de poder adquisitivo.
Precarización y más de 2.000 profesionales sin pase a planta
Uno de los puntos más sensibles que atraviesan las paritarias del sector Salud es la situación laboral de más de 2.000 profesionales que continúan en condiciones precarias desde 2020. El gremio denuncia que muchos trabajadores están bajo la figura de “prestación”, sin estabilidad, sin obra social, sin aportes jubilatorios y sin derecho a licencias.
Iturbe advirtió que esta modalidad, pensada originalmente para contrataciones temporarias, se transformó en un esquema permanente de precarización. “El Estado tiene trabajadores en negro”, afirmó, al señalar que cumplen horarios, atienden población a cargo y sostienen servicios esenciales sin derechos laborales básicos.
Para el sindicato, la falta de avances en el pase a planta permanente es tan grave como la insuficiencia salarial. La combinación de sueldos bajos y precariedad laboral, aseguran, acelera la deserción de profesionales del sistema público.
Impacto directo en la salud pública
Más allá del conflicto gremial, AMProS advierte que el deterioro salarial repercute directamente en la comunidad. Cuando los profesionales migran al sector privado o a otras provincias, se reduce la capacidad de atención en hospitales y centros de salud públicos.
Iturbe señaló que el problema no es solo el acceso formal al sistema, sino el tiempo de espera y la calidad de la atención. “A la salud no se puede llegar tarde”, remarcó, aludiendo a diagnósticos oncológicos, tratamientos de salud mental o urgencias que no admiten demoras.
En paralelo, cuestionó el avance de esquemas público-privados en la gestión hospitalaria, como el modelo aplicado en el Hospital de Luján. Desde el gremio temen que estos mecanismos profundicen la segmentación y limiten la atención gratuita para quienes no cuentan con cobertura.
“No es una negociación, es un decreto”
Uno de los cuestionamientos más duros apunta al mecanismo de negociación. Según Iturbe, el Gobierno coloca una propuesta cerrada “donde no se puede cambiar ni una coma” y deja escaso margen para discutir condiciones laborales, concursos, capacitación o carrera sanitaria.
La dirigente describió la dinámica como una formalidad sin diálogo real. “No es una mesa negociadora, es un decreto puesto sobre la mesa”, afirmó. En ese escenario, anticipó que el próximo encuentro —previsto para el martes 13— repetiría el mismo esquema: una oferta unilateral y la amenaza implícita de cerrar por decreto.
El sindicato también denunció presiones y descuentos salariales ante eventuales medidas de fuerza. Según Iturbe, el descuento de un día de paro puede superar los 100.000 pesos, lo que desalienta la adhesión y debilita la capacidad de protesta.
Un conflicto que trasciende lo salarial
Las paritarias del sector Salud exponen una discusión más amplia sobre el rol del Estado y el modelo de gestión de los servicios públicos. Para AMProS, la falta de negociación efectiva y el deterioro de las condiciones laborales forman parte de una política que tiende a reducir la inversión estatal en áreas sensibles como salud y educación.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Sin acuerdo en el primer contacto y con posiciones endurecidas, la negociación avanza sin señales de acercamiento. En el medio, miles de profesionales esperan una recomposición que compense años de atraso y la comunidad observa cómo el sistema público enfrenta una tensión creciente.
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