La decisión del gobernador Alfredo Cornejo de avanzar con Paritarias por decreto volvió a encender la tensión con los gremios estatales. El Ejecutivo provincial resolvió cerrar de manera unilateral la negociación salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otorgar un aumento del 7% dividido en dos tramos, sin acuerdo sindical.
La medida, que aún debe formalizarse a través del decreto correspondiente, impacta principalmente en los trabajadores de la Administración Central, el Régimen 15 de Salud y otros sectores que representan cerca del 70% de las paritarias provinciales.
Un cierre unilateral en medio de la negociación
Según confirmaron fuentes oficiales, el Gobierno dio por agotada la discusión salarial del primer tramo del año y decidió aplicar un incremento del 5% en marzo y un 2% en mayo, no acumulativo y calculado sobre los haberes de diciembre.
Desde el Ejecutivo argumentan que la decisión busca “garantizar la liquidación de haberes” y sostener el equilibrio fiscal en un contexto de restricciones presupuestarias. También sostienen que no hay margen para mejorar la oferta sin comprometer las cuentas públicas.
Sin embargo, el gremio rechaza esa lectura y denuncia que nunca existió una instancia real de reformulación de la propuesta.
La reacción de ATE: “Una práctica ilegal y antisindical”
En diálogo radial, calificó la medida como “unilateral, dictatorial e inconstitucional” y anticipó que será denunciada judicialmente por violar el marco de la negociación colectiva vigente desde 2004 en la provincia.
“El Gobierno no reformuló ninguna propuesta ni permitió que los trabajadores la evaluaran. Directamente cerró la paritaria”, señaló. También recordó antecedentes similares en otras provincias donde la Justicia ordenó reabrir las negociaciones.
El impacto real en los salarios
El eje del conflicto no es solo formal. También es económico.
Según explicó el gremio, un trabajador que recién se inicia en la Administración Central percibe alrededor de 650.000 pesos por 40 horas semanales. Con el esquema propuesto, el incremento en mayo rondaría los 8.000 pesos en las categorías más bajas y hasta 20.000 en las más altas.
Desde ATE sostienen que el aumento real, tomando como base diciembre, apenas equivale a un 7% efectivo y que resulta insuficiente frente al costo de vida. “No alcanza ni para cubrir lo básico”, planteó Macho.
Comparación con otros sindicatos
El malestar también crece porque la oferta es inferior a la realizada a otros gremios. Al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) se le propuso un 10% en dos tramos, un 7% en marzo y un 3% en mayo.
Esa diferencia alimenta la percepción de trato desigual entre sectores estatales y profundiza la fractura sindical.
Acusaciones cruzadas y denuncias pendientes
El conflicto actual se suma a un historial de tensiones. ATE denunció incumplimientos de acuerdos anteriores, recortes salariales y descuentos que luego debieron ser restituidos por orden judicial.
Además, el gremio sostiene que existen fondos adeudados en concepto de productividad y que habría denuncias presentadas ante la Fiscalía de Delitos Económicos por supuestos faltantes presupuestarios.
El Gobierno, por su parte, atribuye el endurecimiento del conflicto a una estrategia política del sindicato y sostiene que la prioridad es mantener el orden fiscal.
Posibles medidas de fuerza
El gremio insiste en que su objetivo es retomar la negociación. “Queremos sentarnos a discutir el salario. No hubo acuerdo, hubo imposición”, remarcaron.
Un síntoma de desgaste en la gestión
La decisión de avanzar con Paritarias por decreto deja al descubierto un deterioro en el vínculo entre el Ejecutivo y uno de los principales gremios estatales. Más allá de los argumentos fiscales, el cierre abrupto de la negociación instala un debate institucional: hasta qué punto el Gobierno puede dar por terminada una paritaria sin acuerdo.
El conflicto no solo impacta en los bolsillos de miles de trabajadores. También tensiona el clima político en un año marcado por restricciones económicas y reclamos crecientes.
Si la Justicia interviene y ordena reabrir la discusión, como ocurrió en otros antecedentes, el Ejecutivo quedará frente a un revés institucional. Si no lo hace, el escenario de protestas podría escalar.
Por ahora, el 7% por decreto ya está en el centro de la escena y amenaza con convertirse en un nuevo frente de desgaste para la gestión de Alfredo Cornejo.
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