La problemática de la contaminación sonora volvió a instalarse en la agenda pública de San Rafael tras la presentación de un amparo ambiental colectivo impulsado por Pablo Pérez, vecino de la ciudad, quien denunció el impacto creciente de los ruidos generados principalmente por motocicletas con escapes adulterados.
En diálogo con LV18, Pérez explicó que la iniciativa surge luego de años de observar una situación que, asegura, “se volvió cotidiana y cada vez más intensa”.
Un problema sostenido y generalizado
Según detalló, no se trata de hechos aislados ni de sectores puntuales, sino de una problemática extendida en distintos puntos del departamento.
“Esto pasa en el centro, en barrios como Alberdi, en avenidas principales y también en distritos. Es algo generalizado que cualquier vecino puede notar a diario”, sostuvo.
El reclamo, además, fue acompañado por testimonios de vecinos que manifestaron situaciones similares, lo que reforzó la decisión de avanzar con una acción judicial.
Impacto en la salud y la calidad de vida
Uno de los ejes centrales del planteo es el efecto que este tipo de ruidos genera en la vida cotidiana.
Pérez remarcó que la contaminación sonora no solo afecta el descanso, sino también la salud física y mental, especialmente en sectores vulnerables como adultos mayores, niños y personas con hipersensibilidad auditiva o dentro del espectro autista.
“Está comprobado que niveles superiores a 50 decibeles ya son perjudiciales. Acá estamos muy por encima de eso en muchos casos”, advirtió.
Además, señaló que estas situaciones alteran la convivencia social, dificultan la comunicación en espacios públicos y generan estrés constante.
El amparo: qué se solicita
La presentación fue realizada ante la Justicia provincial, en el fuero contravencional, y se basa en el derecho constitucional a un ambiente sano.
El objetivo principal del amparo es que se implementen medidas concretas para reducir los niveles de ruido, entre ellas:
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Mayor presencia de controles vehiculares
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Aplicación efectiva de sanciones
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Secuestro de vehículos en infracción
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Uso de sonómetros para medir niveles de ruido
“Hay leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales vigentes, pero no se están aplicando como corresponde”, afirmó.
Falta de controles y rol de los organismos
Uno de los puntos más críticos del planteo apunta a la escasa fiscalización.
El vecino sostuvo que actualmente los controles son insuficientes o inexistentes, lo que permite la proliferación de vehículos con modificaciones ilegales, como escapes libres o patentes ocultas.
Si bien indicó haber mantenido contacto con el área de Ambiente del municipio, donde le confirmaron la existencia de equipamiento para medición sonora, consideró que falta coordinación y presencia en territorio.
“Mientras no haya controles, esto va a seguir creciendo”, aseguró.
Estado de la causa
Hasta el momento, la presentación judicial fue recepcionada por el Poder Judicial, aunque no se han dispuesto medidas ni respuestas formales.
Pérez explicó que decidió impulsar el amparo sin patrocinio legal, como ciudadano, amparado en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Un reclamo colectivo
El impulsor de la iniciativa destacó que el objetivo es generar conciencia y sumar adhesiones de otros vecinos.
“Muchísima gente se queja, pero muchas veces queda solo en redes sociales o en comentarios. La idea es que esto tenga un canal formal y que se actúe”, expresó.
Expectativas y mensaje a la comunidad
De cara al futuro, Pérez espera que la acción judicial permita avanzar en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población.
“Queremos una ciudad más tranquila, donde se respeten las normas y el derecho al descanso. No estamos en contra de los vehículos, sino del incumplimiento de la ley”, concluyó.
