La Quinta Marcha Federal Universitaria terminó con graves incidentes frente al Congreso, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma. El operativo dejó 31 personas detenidas y volvió a poner en discusión el uso de la fuerza policial durante las protestas sociales.
El reclamo por el financiamiento universitario
El jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias se movilizaron para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta también apuntó contra el deterioro salarial, la pérdida de recursos y las dificultades que atraviesan las universidades públicas para sostener sus actividades.
El Consejo Interuniversitario Nacional reclama alrededor de $11 billones para el sistema universitario, frente a los $7,3 billones contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027. La diferencia profundiza el conflicto con el Gobierno, mientras la comunidad educativa reclama fondos para salarios, becas, investigación e infraestructura.
Gases, balas de goma y detenciones frente al Congreso
La jornada estuvo marcada por un despliegue policial que incluyó gases lacrimógenos, camiones hidrantes y disparos de balas de goma. Según las crónicas periodísticas, los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de manifestantes arrojó piedras y rompió mobiliario urbano. La respuesta de las fuerzas de seguridad alcanzó a quienes permanecían en las inmediaciones del Congreso.
El saldo informado fue de 31 detenidos y varios heridos, entre ellos integrantes de las fuerzas de seguridad. La intervención policial generó cuestionamientos por la intensidad del operativo y por las detenciones, incluidos dos menores de edad. Mientras el Gobierno defendió el accionar de las fuerzas ante los disturbios, la actuación policial quedó en el centro de las críticas.
La Quinta Marcha Federal Universitaria dejó así dos conflictos abiertos: la disputa por el financiamiento de la educación pública y el debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal frente a una movilización social.
