El proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Senado abrió un debate intenso. La Casa Rosada sostiene que busca “modernizar” el mercado de trabajo. Para sindicatos, especialistas y abogados laboralistas, implica un retroceso de más de un siglo. La iniciativa concentra 71 páginas y 191 artículos que modifican derechos individuales y colectivos y amplían el margen de acción del empleador en casi todos los aspectos de la relación laboral.
A pesar de haber demorado su presentación para negociar su alcance, el texto final retoma los puntos más cuestionados de las versiones previas. Los cambios incluyen extensión de jornada, nuevas reglas para despidos, un esquema distinto para indemnizaciones, límites al derecho de huelga y definiciones que perjudican a monotributistas e independientes. Para los críticos, la refoma laboral busca abaratar costos empresariales y desplaza la protección hacia el sector más fuerte de la relación laboral.
Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió los cambios en una entrevista radial. Señaló que la reforma ordena zonas grises, reduce la incertidumbre ante litigios y ofrece más flexibilidad.
Jornada laboral y banco de horas
La iniciativa incorpora los bancos de horas, un mecanismo que permite jornadas de hasta 12 horas. La extensión deja de generar pagos extras y pasa a integrarse a un sistema de compensación. Para especialistas, esto desconoce el límite de ocho horas vigente desde hace casi un siglo y deja al trabajador sin una referencia clara de descanso y organización familiar.
Despidos e indemnizaciones
Otro punto central es la redefinición del cálculo indemnizatorio. El proyecto excluye del salario base conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios o propinas. Las pymes podrán pagar en cuotas. El Gobierno sostiene que esto reduce la incertidumbre judicial, ya que busca limitar diferencias interpretativas. También establece un Fondo de Asistencia Laboral financiado con un aporte obligatorio de los empleadores y una reducción equivalente en contribuciones a la seguridad social. Para especialistas, esto desplaza recursos públicos hacia la cobertura de despidos privados.
Cambios en vacaciones
El proyecto habilita dividir las vacaciones en tramos mínimos de siete días y asignarlas en cualquier momento del año por acuerdo entre las partes. Según Sturzenegger, esta flexibilidad es una demanda de los jóvenes. Para abogados laboralistas, implica perder la estacionalidad del descanso y altera la vida familiar y escolar.
Monotributistas e independientes
La reforma laboral invierte la presunción de laboralidad. En lugar de partir de la existencia de una relación laboral, cualquier prestación emitida con factura se presume independiente. Esta definición afecta a quienes trabajan bajo modalidades encubiertas y dificulta reclamos por fraude. Las plataformas digitales quedan expresamente fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Para especialistas, es un régimen hecho a la medida de las empresas que no mejora la situación de repartidores y conductores.
Huelga y servicios esenciales
El texto amplía la definición de servicios esenciales, que deberán garantizar el 75 por ciento de la actividad. También crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que incluye actividades gastronómicas, de medios y rubros industriales. Gremios y abogados coinciden en que estas definiciones limitarán la huelga e impulsarán la judicialización de los conflictos.
Cambios en negociación colectiva
La negociación se descentraliza. Los acuerdos por empresa podrán imponerse sobre los convenios nacionales. También se restringe la afiliación sindical y la retención de la cuota solidaria, que requerirá autorización expresa del trabajador. Para especialistas, se debilita la organización colectiva y la capacidad de negociación del movimiento obrero.
Un retroceso histórico
Abogados laboralistas afirman que el proyecto reinstala un esquema previo al nacimiento del derecho laboral. La reforma permite jornadas largas, achica ítems remunerativos y deja a los trabajadores de plataformas en un vacío jurídico. Según estos especialistas, modernizar implicaría ampliar derechos y no recortarlos, sobre todo en un país con una informalidad cercana al 43 por ciento.
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