La Reforma Laboral que se discute en el Congreso nacional continúa generando reacciones en distintos sectores económicos y sociales. En ese contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su apoyo general a la necesidad de modernizar el sistema laboral, aunque manifestó fuertes objeciones a cinco artículos del proyecto impulsado por el Gobierno.
Así lo señaló Salvador Femenia, vocero de la entidad, en una entrevista concedida a LV18, donde explicó que CAME presentó formalmente sus observaciones mediante una nota enviada al Senado, dirigida al presidente de la Cámara Alta. El documento, de carácter público, también cuenta con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y ADIMRA, entre otras organizaciones empresariales.
Desde la entidad que agrupa a unas 1.500 cámaras y federaciones de pequeñas y medianas empresas de todo el país, sostienen que mantener la redacción actual de esos artículos podría derivar en mayor conflictividad laboral y una creciente judicialización de las relaciones de trabajo.
El apoyo de CAME a una reforma con límites claros
Femenia remarcó que la postura de la entidad no es de rechazo absoluto. “Creemos que hay que hacer una reforma, pero no afectando derechos adquiridos”, afirmó. Según explicó, muchas normas y convenios necesitan actualización, pero sin avanzar sobre garantías básicas de trabajadores y empleadores.
Desde CAME consideran que algunos puntos del proyecto entran en contradicción con principios constitucionales y generan inseguridad jurídica, lo que podría terminar debilitando el objetivo mismo de la Reforma Laboral.
Artículo 126 y la ultraactividad de los convenios
Uno de los puntos más sensibles señalados por la entidad es el artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos. Actualmente, estos continúan vigentes aun después de su vencimiento hasta que se firme uno nuevo.
El proyecto propone que esa continuidad solo aplique a disposiciones normativas, excluyendo derechos y obligaciones. Para CAME, esto pone en riesgo derechos laborales y genera incertidumbre tanto para trabajadores como para empleadores.
Aportes a cámaras y sindicatos en discusión
El artículo 28 es otro de los ejes del reclamo. Allí se plantea convertir en voluntarios los aportes que reciben las cámaras empresariales para capacitación y fortalecimiento institucional, mientras se mantienen los aportes sindicales obligatorios.
Femenia advirtió que, en la práctica, “voluntario significa cero”, lo que rompe el equilibrio entre las partes que participan de las negociaciones paritarias y afecta el funcionamiento de entidades empresarias del interior del país.
Convenios por empresa y desigualdad laboral
Los artículos 30 y 31 introducen cambios en el orden de prelación de los convenios, dando prioridad a los acuerdos por empresa por sobre los convenios de rama.
Desde CAME alertan que esta modificación puede generar desigualdades salariales ante tareas similares, vulnerando el principio de “igual tarea, igual remuneración” y abriendo la puerta a conflictos legales.
Intervención estatal en convenios colectivos
Otro punto cuestionado es el artículo 132, que habilita al Estado a suspender convenios por razones de crisis económica o fuerza mayor.
Para la entidad empresaria, la redacción es ambigua y discrecional, ya que no define con claridad quién ni cómo se determina la gravedad de una situación económica, lo que podría derivar en arbitrariedades.
El riesgo de mayor judicialización laboral
Femenia advirtió que varios de los artículos cuestionados podrían ser declarados inconstitucionales, lo que incentivaría juicios laborales y aumentaría los costos para las pymes.
“La reforma no tiene sentido si genera más conflictos de los que busca resolver”, sostuvo, al tiempo que señaló como uno de los problemas estructurales del sistema actual el funcionamiento de la justicia laboral.
Diálogo político y rol de los gobernadores
Desde CAME destacaron la apertura de canales de diálogo con senadores, gobernadores y equipos técnicos del oficialismo. Según Femenia, existe conciencia sobre la complejidad del tema y la necesidad de una discusión profunda.
En ese marco, subrayó el rol clave de las provincias, ya que las consecuencias de la Reforma Laboral impactan directamente en los mercados laborales locales y en la actividad de las pymes.
Consumo, salarios y cierre de empresas
El vocero de CAME también vinculó el debate laboral con la caída del consumo. Afirmó que la política de contención salarial utilizada para frenar la inflación deterioró el poder adquisitivo y afectó a comerciantes e industriales.
Según datos de la entidad, desde el inicio del actual gobierno cerraron alrededor de 17.000 empresas, con una fuerte pérdida de puestos de trabajo, especialmente en el empleo público y la construcción.
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