La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras volvió a poner el tema en el centro del debate sobre la propiedad rural en Argentina. En diálogo con LV18, Florencia Gómez, abogada especialista en políticas de tierras rurales y coautora de la norma, cuestionó el fallo y planteó sus posibles consecuencias.
Qué cambia con el fallo de la Corte Suprema
El máximo tribunal rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata por considerar que no tenía legitimación para iniciar la acción. La resolución dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata, pero no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación dispuesta por el DNU 70/2023.
Para Gómez, sin embargo, el alcance de la decisión es concreto: “Lo que ha hecho la Corte Suprema es habilitar la extranjerización de la tierra sin límites, sin límite alguno”, sostuvo durante la entrevista.
“La soberanía no es un bien jurídico a proteger”
La especialista cuestionó que la Corte centrara su resolución en una cuestión procesal y no analizara el fondo del planteo. Según explicó, la Cámara Federal había considerado que la soberanía era un bien colectivo que podía ser protegido judicialmente por los ciudadanos.
“Es como decirte: vos no tenés derecho para reclamar esto, con lo cual no hay caso y no hay nada”, expresó Gómez, quien consideró que la decisión genera preocupación respecto del funcionamiento del sistema republicano.
También planteó interrogantes sobre quiénes podrán recurrir a la Justicia ante posibles conflictos vinculados con la propiedad de tierras y los intereses estratégicos del país.
Florencia Gómez, abogada especialista en políticas de tierras rurales y coautora de la Ley 26.737, cuestionó el fallo de la Corte Suprema.
Una discusión que excede la propiedad rural
Gómez vinculó la derogación de la Ley de Tierras con otras medidas económicas del Gobierno y planteó posibles efectos regulatorios, ambientales y territoriales.
“Esto va en línea con el RIGI. Les faltaba el tema de la ley de tierras y ahora la Corte se los acaba de conseguir”, afirmó.
La abogada también cuestionó las dificultades para exigir judicialmente el cumplimiento de las leyes y concluyó que el debate no se limita a la compra de campos por extranjeros, sino que involucra el alcance de los derechos colectivos y las herramientas disponibles para defenderlos.
